Muguruza niega que se perdiera equipamiento público en Santa Catalina

Según el juez instructor y la fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, como consecuencia de la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, que calculan pudo suponer un menoscabo patrimonial para el Consistorio de 2,4 millones de euros.

Están acusados de prevaricación los miembros de las Corporaciones que aprobaron la modificación del PGOU para legalizar el vial en marzo de 2003 y los instrumentos de gestión y ejecución así como la concesión de licencias. Junto a ellos se sientan en el banquillo varios técnicos municipales. El juicio arrancó este martes con las cuestiones previas y la declaración, entre otros, del exalcalde socialista Rufino Díaz Helguera, quien censuró la forma de actuar de la Comisión Regional de Urbanismo, «más preocupada de sus intereses privados que de los de Castro».

Varios de los acusados de esta segunda jornada han declarado que en marzo de 2003 no se aprobó la modificación puntual del PGOU sino un requerimiento a la Comisión de Urbanismo para que reconsiderara su informe desfavorable a la modificación. También han defendido que la necesidad de ese vial, denominado calle Poeta José Hierro, era un «clamor» entre los vecinos de la zona para poder acceder a sus viviendas sin tener que ir hasta el túnel de Ocharán y para dar servicio a los usuarios del pabellón Pachi Torre.

Sin embargo, la fiscal ha expuesto que los instrumentos urbanísticos se aprobaron con informes desfavorables de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), en los que según ha dicho se cuestionó que el vial respondiera al interés general. De hecho, el Ministerio Público y el juez instructor consideran que se hizo en beneficio de los promotores, que así verían revalorizado su terreno.

El exconcejal de Urbanismo en la legislatura 1999-2003, Joaquín Antuñano, ha explicado que cuando llegó a la Concejalía en 1999 ya se encontró con el vial hecho, y que el Ayuntamiento no gastó en él «un euro», ya que lo construyó una promotora para poder ejecutar sus tres bloques de viviendas.

Antuñano ha asegurado que nunca ha recibido dinero de los promotores, que se lo preguntó el juez Acayro durante la instrucción, y que «no le consta» tampoco ni por parte del alcalde Díaz Helguera ni de otros miembros de su equipo de Gobierno.

La mayoría de los exconcejales han alegado desconocimiento en materia urbanística, incluido el propio Muguruza, quien ha explicado que precisamente su «total limitación» en ese ámbito fue lo que le hizo proponer la creación de la figura del gerente de Urbanismo.

El exalcalde por el PRC ha señalado que, al llegar al Ayuntamiento en 2003, «nadie le hizo traspaso de poderes ni le puso al día», que delegó todas sus competencias en la Junta de Gobierno, incluidas las de urbanismo, y que después «por agilidad» asumió la aprobación de expedientes que llegaran con informes favorables.

En todo caso, ha argumentado que la tramitación urbanística es «una dinámica absolutamente reglada y automática» en la que los políticos «intervenimos muy poco». En esa misma línea, el que fuera su primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López 'KyK', por el PP, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha señalado que los asuntos se aprobaban cuando llegaban con todos los informes favorables, y si en alguno había dudas, «se dejaba sobre la mesa».

Además de los citados, también están acusados los exconcejales Salvador Hierro, que se ha acogido a su derecho a no declarar; Pedro Olano, Teresa Pérez, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales.

El juicio continuará los días 25 y 27 con la declaración de testigos y el 28 y 29 de septiembre serán las conclusiones.