La Residencia Municipal de Castro continúa sin director siete meses después

Contar con cinco años de experiencia laboral previa en dirección de Centros Geriátricos y estar en posesión de un título universitario en Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales o Jurídicas son las condiciones que se revelan como más difíciles de cumplir para cubrir la plaza vacante con carácter indefinido de director de la Residencia Municipal de Castro Urdiales. Tanto es así, que desde la partida del anterior director de su cargo en noviembre por «desavenencias» con el Ayuntamiento , el centro se encuentra sin dirección. Los cinco aspirantes que se postularon para acceder al puesto no fueron capaces de acreditar reunir los requisitos que establecen las bases, y por ello, el Consejo Rector de la residencia se reunirá este jueves a las 10.00 horas para tratar la problemática.

Hasta que no se celebre el encuentro, la Administración municipal PSOE-Castro Verde se reserva a dar declaraciones, mientras los grupos mayoritarios de la oposición (PP y PRC) coinciden en que las condiciones para cubrir la vacante son demasiado severas y el Ayuntamiento debería reunirse con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para buscar una solución.

En concreto, señalan como necesario suprimir la exigencia de contar con cinco años de experiencia de un puesto igual al vacante y flexibilizar la titulación requerida, los dos puntos que sirven de parapeto para que los candidatos no logren acceder a la plaza. El portavoz del Partido Popular en la Corporación, Cristian Antuñano, indica además que «el equipo de Gobierno, otra vez, no ha hecho absolutamente nada para evitar que esto ocurra», y subraya que ya son siete meses los que han dado de margen a la concejal de Servicios Sociales, Leticia Mejía; y a la alcaldesa, en este caso en calidad de presidenta del Consejo Rector de la residencia, Susana Herrán. Por otra parte, Antuñano concede que «es cierto que la residencia está funcionando relativamente bien», pero apunta que si es así es por la labor de las trabajadoras del centro.

Como los populares, sus compañeros en la oposición, los regionalistas también solicitan que antes de sacar a concurso la plaza de nuevo se rebajen las condiciones exigidas para cubrir la vacante. En esta línea, la edil del PRC Carla Urubayen aclara que la experiencia laboral por cinco años puede sustituirse por ostentar la condición de empleado público grupo A1, pero «evidentemente no hay ningún funcionario que se presente a la plaza porque las condiciones económicas se igualan a las de una plaza privada», es decir, son peores que las de un empleado público de este grupo.

«Desde el PRC creemos que hay que hablar con el ICASS porque estas condiciones no son requisitos suyos, sino del Consistorio», destaca la edil regionalista, quien insta al Gobierno municipal a «ponerse a trabajar y dejarse de excusas porque estamos hablando de gente mayor y vulnerable y de sus familiares». En ello también están de acuerdo los populares, que opinan que «es muy importante ponerse en contacto con el ICASS, ya que es el organismo que tiene capacidad para tomar decisiones en este ámbito».

Además, Urubayen insiste en que «hace falta que exista un director» por ser este el encargado de proponer mejoras e impulsar iniciativas. «Si esa figura no está, la gente que está en otros puestos -enfermeros, médicos o secretarios- no lo va a hacer, ellos están para otras cosas», zanja, y concluye explicando que «necesitamos cubrir ya la plaza flexibilizando los requisitos más difíciles, siempre y cuando no se rebaje el criterio de profesionalidad para asegurar que el cargo lo ocupa una persona capacitada para ello».

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