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Paseantes y bañistas de la playa castreña de Brazomar fueron testigos ayer del inicio de las obras de desmantelamiento del emblemático Hotel Miramar, unos trabajos previos necesarios para poder dar paso a la posterior demolición.
Como se recordará, la Dirección General de Sostenibilidad de ... la Costa y del Mar decidió encargar los trabajos de derribo a la empresa pública Tragsa, como medio propio de la Administración, el pasado 13 de septiembre. El importe del encargo para la realización de las obras de demolición del edificio asciende a 331.754 euros. El Jurado Provincial de Expropiación, en sesión celebrada el pasado 20 de septiembre de 2018, fijó la valoración del inmueble en la cantidad de 1.068.949 euros, incrementando el justiprecio inicialmente determinado por esta Administración que ascendía a 591.469, según informaron desde el gabinete de prensa de este estamento. «La falta de aprobación de los Presupuestos exige la tramitación de expediente individualizado de autorización de gasto de cada expediente de contratación por el Ministerio de Hacienda. Esta circunstancia ha dilatado el encargo de la obra, tal como informó el entonces delegado del Gobierno», apuntaron desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Según detalló ayer alguno de los trabajadores de la empresa Tragsa, el plazo de ejecución de la demolición del Hotel Miramar es de dos meses. Asimismo, explicó que las labores que llevarán a cabo durante los próximos días corresponderán al vaciado del edificio de puertas y armarios, entre otros elementos.
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millón de euros es la cantidad que recibirán los propietarios del inmueble como indemnización por la expropiación.
Además, los operarios de la empresa adjudicataria de las obras señalan que, tras finalizar sus actuaciones, será cuando acuda la maquinaria para proceder a la demolición del edificio, asegurando que los trabajos más duraderos se están efectuando en estas semanas, mientras que la demolición de la estructura es una actuación que precisa de menos tiempo.
La hoja de ruta de la empresa indica que tras finalizar el vaciado y desmantelamiento del inmueble se desmontará el tejado, para lo que deberán tener cuidado por estar construido con fibrocemento (contiene amianto). A continuación, una retroexcavadora cortará el edificio en partes transversales de arriba abajo, haciendo la correspondiente selección de residuos.
Una vez completados estos trabajos, la actuación finalizará con los trabajos del pavimentado del paseo, dando continuidad a la balaustrada, el paseo y las jardineras. El proyecto prevé que la zona nueva de paseo sea igual a la ya existente, respetando el deslinde marítimo-terrestre.
Los fuertes golpes que se escuchan en el edificio a causa de los trabajos que se están llevando a cabo y la retirada de la carcasa de madera que ha protegido la puerta acristalada de entrada al edificio durante los últimos años, deja a la vista del ciudadano una pequeña muestra del estado ruinoso en el que se encuentra el edificio, despertando el interés de los paseantes que se asoman para ver su interior. «El interior está bastante deteriorado», indicó un operario, algo que se puede observar en la entrada de un hotel que en su día albergó a aquellos privilegiados que se acercaban a Castro Urdiales para disfrutar de la ciudad y sus aguas.
. Los orígenes del Hotel Miramar de Castro Urdiales datan de la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando el Ayuntamiento de Castro Urdiales construye este edificio aprovechando como obreros a los presos políticos y sin las autorizaciones correspondientes. Se trataba entonces de un balneario con vestuarios, baños de algas y un bar-restaurante que pretendía ser un lugar de descanso para los enfermos, con el estilo de arquitectura racionalista que había imperado a lo largo de las décadas de los 20 y los 30.
En 1942, la familia Alonso arrienda la instalación y en 1945 el balneario se transforma en hotel, alquilándolo un madrileño. Diez años después, el Ayuntamiento de Castro logra la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre, que concede el Gobierno de España para un edificio balneario que diera servicios a la playa de Brazomar, a través de una resolución que fue ratificada en 1963 por la Orden Ministerial de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. El edificio se saca en 1956 a subasta y es adquirido por 310.000 pesetas por el castreño Ramón Peña Aznar, quien realizó obras de ampliación. Cuatro años después lo compró la familia Alonso. En 2008, el Gobierno declara la caducidad de la concesión al estarse utilizando el edificio como hotel y no como balneario. Es en ese momento cuando comienza la batalla de la familia Alonso por seguir con su negocio. En 2010, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el proyecto de demolición que, tras ser impugnado, fue confirmado por la Audiencia Nacional en 2013. Seis años después, el Supremo ha ratificado que hay que derribar el hotel.
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