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Los dos primeros años de la presente legislatura han estado marcados por la judicialización de la vida política de Castro Urdiales. Nada nuevo si nos remontamos a épocas pretéritas en las que los concejales se intercambiaban denuncias y luego, de la noche a la ... mañana, acababan gobernando juntos.
El duro enfrentamiento entre el equipo de gobierno PSOE-Cs y el PRC, que vio como se quedaba fuera de la Alcaldía en el último momento después de que el PP rompiera un preacuerdo para gobernar juntos (con el apoyo de CastroVerde), ha sido la tónica hasta ahora. Y esa disputa ha acabado en los tribunales, donde en los últimos meses se han ido resolviendo algunas cuestiones en las que el gobierno local ha salido victorioso.
ROMPEOLAS Obras Públicas tiene previsto finalizar este verano la primera fase del refuerzo del dique, por valor de 2,6 millones
CARGADERO DE DÍCIDO Patrimonio ha aprobado el proyecto de una obra que asciende a 1,5 millones
SANTA MARÍA El Gobierno regional lleva a cabo la segunda fase de rehabilitación de la iglesia
MERCADO DE ABASTOS Está pendiente el inicio de las obras tras modificarse el proyecto
TEATRO El equipo de gobierno busca financiación tras descartar el del Ágora
CENTRO DE SALUD Se han iniciado los trámites urbanísticos que permitan su construcción
Uno de esos asuntos es el convenio que Conservas Lolín suscribió la pasada legislatura con el anterior equipo de gobierno de CastroVerde y que cuando empezó el actual mandato estaba a la espera de un último trámite para entrar en vigor. Sin embargo, el proyecto, que suponía trasladar la conservera al polígono de Vallegón y construir en su lugar un centro comercial, no recibió el apoyo de la mayoría de la Corporación. Tras varios recursos, los jueces determinaron que el Ayuntamiento no estaba obligado a llevar a efecto el acuerdo.
Otro de los frentes judiciales abiertos ha sido el convenio de Eroski, en el que se recogía la construcción de unos cines que no se han ejecutado, y que el PSOE cerró a cambio de 84.000 euros. El Tribunal de Cuentas, que también tiene que determinar si hubo algún ilícito contable en la gestión del PSOE en la Junta Vecinal de Mioño en los últimos años, no ha detectado ninguna ilegalidad y ahora es el Juzgado el que debe pronunciarse.
A estas causas judiciales se suma la polémica surgida después de que PSOE y Cs tumbaran el convenio para construir un teatro sobre el yacimiento de Flavióbriga, al apostar por una infraestructura más ambiciosa que se ubicaría junto al polideportivo Pachi Torre y para la que se busca financiación mediante la venta de unas parcelas municipales.
Pero no todo han sido polémicas durante estos dos años, con una pandemia sanitaria por medio. También se están llevando a cabo diversos proyectos como la primera fase del refuerzo del rompeolas, en el que el Gobierno regional ha invertido 2,6 millones, la segunda fase de la rehabilitación de la iglesia de Santa María, por importe de 385.000 euros, y la rehabilitación del cargadero de Dícido, en Mioño, que supone una inversión de 1,5 millones, y cuyo proyecto ya ha sido aprobado. Además, en este mandato se ha concluido la obra de los túneles de Ocharan, el Ayuntamiento prosigue con la regularización urbanística de La Loma (cuyo pleito está a la espera de los recursos al Supremo) y Montesolmar, y se ha rehabilitado el polideportivo Peru Zaballa.
Pendiente queda el inicio de la reforma del Mercado de Abastos, cuyo proyecto se modificó, y está prevista la construcción de un nuevo centro de salud.
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