Urruticoechea, exinterventor de Castro: «La gestión de los fondos públicos era absolutamente caótica y arbitraria»

El que fuera responsable de la fiscalización económica del Ayuntamiento de Castro de 2001 a 2006, abandonó su puesto en la localidad costera tras unos cuantos meses de baja, regalando a los castreños un traje a rayas de preso, «para ver quién lo ocupa primero, si Fernando Muguruza, Salvador Hierro, José Miguel Rodríguez, Rufino Díaz Helguera o yo», en alusión a las «graves acusaciones» que han dirigido contra él «últimamente».

Este martes volvió a denunciar la existencia de una situación «absolutamente caótica y arbitraria» en las concesiones y el manejo de los fondos públicos del Consistorio castreño durante la segunda sesión del juicio del ‘caso de los sobresueldos’, en el que están acusados tres exalcaldes, ocho exconcejales y un exfuncionario de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por irregularidades en la contratación de personal funcionario y laboral en el citado ayuntamiento, así como el pago de retribuciones indebidas a funcionarios y personal laboral.

El exinterventor aseveró que cuando llegó al puesto –fue el primer funcionario público en ocuparlo, ya que hasta entonces lo había estado haciendo «a dedo» la hija del secretario, «absolutamente incompetente»– se encontró una situación «tremenda y caótica». Una situación en la que había «decenas y decenas de bolsas de basura negras... llenas de escrituras», así como la «falta de calidad» y el «déficit» del listado de las nóminas, contra las que llegó a presentar hasta 61 documentos con «muchísimos reparos y muchísimas notas de intervención». «Esa desorganización estaba perfectamente organizada», resaltó Urruticoechea, que en 2003 «pensaba que el nuevo Gobierno iba a ir por la legalidad» y, sin embargo, en septiembre comenzaron las «contrataciones ilegales» y en octubre la «difamación y el acoso» hacia su persona ante sus «reparos», que llegó a denunciar y le causó problemas de salud.

El funcionario, que trabaja desde hace diez años en el Ayuntamiento de Orihuela, relató que se utilizaba una técnica habitual de «los ayuntamientos corruptos»: el «contrainforme»; y, además, existía una «sensación de impunidad». También censuró que iban temas de debate al Pleno «sin fiscalización» y se producían complementos de productividad «que no pueden ser continuos» en el tiempo, así como de jubilación o regalos en la cesta de Navidad, con el objetivo de que todos los funcionarios «callasen y participaran en el silencio cómplice y mafioso en el Ayuntamiento de Castro Urdiales».

Sin embargo, el técnico de administración general del Consistorio castreño, José Antonio Gutiérrez Olivares, también testigo en esta causa, reprochó ayer a Urruticoechea que «quisiera sustituir a los tribunales y al Consejo de Estado» con sus informes numerosos informes y notas de reparo. «Estuvo cobrado esos complementos que después ha denunciado como ilegales, como, por ejemplo, la bolsa de Navidad. Se enfadó con los políticos y empezó a poner reparos de ilegalidad», declaró Gutiérrez Olivares, que dejó claro que «yo defendía al Ayuntamiento y no a los políticos». «Siempre he pensado que había cosas que mejorar en el Ayuntamiento y daba las indicaciones al respecto, pero no veía que el mundo entero era ilegal, como él».

En este sentido, reconoció que el complemento que cobraba uno de los funcionarios que estaba acusado, pero que ha sido absuelto por sus problemas de salud, «no se ajustaba a derecho, pero era un sujeto pasivo». «Los complementos estaban mal estructurados y en el caso de Arroyuelos estaba mal configurado», dijo.

Antes de estas dos testificales y la de quien firma esta crónica, la Sección Primera resolvió las cuestiones previas, entre las que se rechazó la suspensión del juicio, como solicitaban varias defensas que entienden que el auto de apertura de juicio oral es nulo. Además, el tribunal no ha tenido en consideración que la Fiscalía tardó «cinco años» en presentar su escrito de acusación, como alegaban los abogados.

Otras de las decisiones de la Sala ha sido la absolución del exsecretario municipal, César Saiz, por prescripción del delito, referido a un único hecho de intervenir en la contratación de su hija por parte del Consistorio obviando su obligación legal de abstenerse. Esta absolución se suma al archivo de la causa para el funcionario Arroyuelos , y continúa pendiente el archivo por la misma causa del exalcalde Rufino Díaz Helguera, al que valorará este miércoles un forense, en la tercera sesión del juicio en la que se practicarán cuatro testificales.