La Fiscalía da carpetazo a las denuncias de PSOE y PP contra el alcalde de El Astillero

«Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía una denuncia del secretario municipal para que lo investigara. No hemos prejuzgado, solo queríamos que nos dieran explicaciones», señaló ayer la portavoz socialista en El Astillero, Judith Pérez.

Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal considera que no existen delitos de prevaricación ni malversación en la recolocación del trabajador municipal que da origen a todo este caso en julio de 2022. Fue en ese momento cuando la Seguridad Social concedió la prestación de incapacidad permanente en el grado de total al oficial de Obras y Servicios del Ayuntamiento de El Astillero. Inmediatamente, este empleado registró una petición para que le recolocaran en otro puesto de trabajo compatible con su nueva situación, pese a que el convenio laboral del Ayuntamiento no lo permite –como el mismo secretario detallaría después en su informe– y que al tratarse de una incapacidad permanente sin previsión de revisión no puede cobrar un salario público al mismo tiempo que su pensión, ya que su contrato se da por extinto.

El comité de empresa notificó por carta en tres ocasiones distintas al alcalde, en octubre de 2022 y en enero y marzo de 2023, que el trabajador seguía en su mismo puesto de oficial de Obras y Servicios, cobrando la nómina municipal al mismo tiempo que su pensión.

El secretario municipal emitió, ya en febrero de 2024, un informe en el que comprueba y confirma, según sus palabras, que este empleado sigue trabajando en el Ayuntamiento pese a haber recibido la invalidez permanente no revisable, por lo que «los pagos de las nóminas se realizan de manera ilegal».

Sin embargo, la Fiscalía no lo ve así. «Con independencia de si el procedimiento administrativo seguido en la recolocación es el correcto, en ningún caso los hechos pueden constituir el delito de prevaricación ni malversación denunciado», señala el ministerio público.

Otro de los puntos claves de las denuncias era la presunta manipulación de un documento público. Cuando la Junta de Gobierno Local de El Astillero se reunió para desestimar, año y medio después, la reasignación del puesto del trabajador con incapacidad, se basó en el informe previo del secretario, un documento que adjuntaron con un pequeño cambio respecto al que había firmado el funcionario unos días antes: había desaparecido la palabra 'ilegal'.

Este grave hecho provocó la reacción inmediata del funcionario, que emitió un duro informe en el que denunciaba la «manipulación de su documento con el propósito es disimular u ocultar la advertencia de ilegalidad». Esto fue lo que provocó que el PSOE adjuntara esta denuncia a la Fiscalía el pasado verano.

Pero la Fiscalía, de nuevo, rebate al secretario municipal y señala en su auto que no existe este delito, «puesto que no se ha producido intervención alguna en el documento referido en la denuncia». «Se ha realizado una mención a un documento, sin ajustarse a la literalidad del mismo, lo cual, no integra el tipo de la falsedad por las razones previamente expuestas», destaca el ministerio público.