Comienzan los preparativos del derribo parcial del Tenis a la espera del desalojo

La falta de acuerdo entre la mayoría de los vecinos del Tenis y el Ayuntamiento de Laredo –cuya alcaldesa se enfrenta a la advertencia de imposición de multas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por no haber desalojado el edificio el pasado lunes– está provocando que este pleito, que lleva treinta años enquistado, se encuentre en punto muerto.

Mientras que la alcaldesa Charo Losa asegura que está haciendo todo lo que está en su mano para dar cumplimiento al mandato judicial, los vecinos señalan –al menos algunos– que no han recibido notificación oficial para desalojar sus viviendas, han presentado varios recursos ante la Sala y reclaman al Ayuntamiento un acuerdo para llevar a cabo los realojos en un plazo de tres meses. Propuesta que, teniendo en cuanta la última advertencia de la Sala de lo Contencioso, la regidora pejina se ve obligada a descartar, a la espera de un nuevo pronunciamiento del tribunal.

«El Ayuntamiento no acaba de entender que tiene un problema y que debe asumir grandes responsabilidades patrimoniales y también unas responsabilidades con parte de sus vecinos», afirmaba José María Real, uno de los abogados de los vecinos.

Según explicó, este asunto surge como consecuencia de la anulación de una licencia que otorgó el Ayuntamiento en su día, además de una «falta de ejercicio de sus potestades en materia de disciplina». «En su día, cuando detectó que las obras se estaban ejecutando ilegalmente –de hecho abrió un expediente sancionador– el Ayuntamiento tenía que haber paralizado las obras, que era lo que mandaba la ley. A mayores dio una licencia al promotor que acabó con una condena penal para el alcalde que la concedió (el exsocialista Juan Ramón López Revuelta). Y lo que no puede pretender ahora el Ayuntamiento es que sea una cosa que no va con él. Cuando esto les va a costar un dinero». Real cree que el Ayuntamiento debe buscar una solución con los vecinos que les ocasione los menores trastornos posibles y que impida que esta ejecución vaya más allá de lo que es restablecer la legalidad urbanística, que es lo que exige la Sala. «Lo que no puede pretender el Ayuntamiento es que para cumplir una sentencia que ordena restablecer la legalidad urbanística les vaya a entregar a los afectados, que son terceros adquirientes de buena fe, un edificio en el que van a tener que ejecutar obras y pedir nuevas licencias. Así no se ejecuta esta sentencia. La ejecución tiene que finalizar con un edificio terminado y que cumpla legalidad».

Este abogado desconoce qué es lo que está en la mano de la alcaldesa, «pero la Sala le está diciendo que tiene que poner más de su parte». «Pretender realojar a los vecinos diciéndoles que se busquen ellos las viviendas, con 750 euros al mes que les da el Ayuntamiento, no es un realojo. Les dicen que dependiendo de la fecha en la que hayan adquirido el inmueble les guardarán los muebles o no. Les dicen que no saben lo que durará el realojo al quedar la obra sin terminar y pendiente de las licencias. Yo no he visto en la sentencia que los propietarios tengan que acabar la obra por su cuenta. Lo aberrante es que el Ayuntamiento está intentando desplazar en los vecinos gran parte de sus responsabilidad. Y el condenado es el Ayuntamiento, así lo dice la Sala».

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Propietarios, Josu Beascoechea, que acusa al Ayuntamiento de «prevaricar» con sus últimos decretos, advierte de que «esto no va a salir bien porque no ha habido un acuerdo para hacer un traslado». «Queremos hacer el realojo en condiciones, en un plazo de tres meses. La gente tiene que digerirlo y mentalizarse un poco. La falta de comunicación está llevado a estos enfrentamientos continuos».