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El grupo municipal de Unidos por Laredo (UxL) ha cuestionado la legalidad de la reciente adjudicación de puntos de recarga para coches eléctricos en el municipio. Según los independientes -que encabeza su portavoz, Ramón Arenas-, existen algunas "irregularidades" en el pliego para conceder la explotación ... del servicio. Por contra, el alcalde, Miguel González, niega que haya nada raro, acusa de "alarmismo" a la oposición porque asegura que todo el proceso es «completamente legal basándose en los informes de intervención, jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento que así lo acreditan», zanja.
El Ayuntamiento de Laredo anunció la semana pasada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pliego de condiciones para adjudicar la instalación de un total de 24 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos repartidos en diferentes espacios públicos de la villa. Entre los requisitos para acceder a la gestión de este servicio, se desprende del documento que la empresa adjudicataria deberá asumir todos los costes derivados de licencias, legalizaciones, obra y mantenimiento de los equipos, y su concesión será de diez años con derecho a otros cinco de prórroga. Además, el precio a abonar por parte de la empresa por la ocupación de la vía pública será de cero euros.
En este sentido, la formación municipal Unidos por Laredo, ha presentado recurso potestativo de reposición por supuestas «irregularidades» en el citado pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión demanial para el suministro, instalación y mantenimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos. El partido fundamenta este movimiento en la «vulneración» de la Ley de Contratos del Sector Público.
Según informan en un comunicado, su intención es «salvaguardar los principios legales y la transparencia en la Administración municipal», que, a su juicio, se contravienen al establecer la duración de la concesión en diez años con derecho a otros cinco de prórroga, dado que «la adjudicación no puede exceder los cuatro años». Además, impugnan la disposición del pliego que fija un precio de cero euros por la ocupación de la vía pública, considerándolo «contrario a la Ordenanza Fiscal».
Asimismo, el grupo de la oposición recoge otras consideraciones entre las cuales destaca la «falta de criterios objetivos en el proceso de adjudicación, así como de detalles sobre garantía financiera, obligaciones del adjudicatario o especificaciones sobre autorizaciones y permisos sectoriales». También subrayan los «interrogantes sobre la proporcionalidad y necesidad de la duración de la concesión y la ausencia de identificación clara del órgano de contratación en el pliego».
En base a estas razones, Unidos X Laredo ha solicitado la revocación de parte del decreto de Alcaldía y la anulación de algunas cláusulas del pliego publicado que consideran que incumple la ley de contratos. Si la acción no prospera, el grupo podría presentar un recurso contencioso administrativo.
Así las cosas, el alcalde de Laredo, Miguel González ha replicado asegurando que el pliego de licitación de los puntos de recarga de vehículos eléctricos es «completamente legal basándose en los informes de intervención, jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento que así lo acreditan».
El regidor ha indicado que las declaraciones del grupo de la oposición son «alarmistas, irresponsables y sesgadas» y «confunden los contratos administrativos con los de concesiones que, como refleja el expediente, se rigen por la Ley de Patrimonio y, por tanto, es competencia del alcalde la firma del decreto». En particular, se refiere al decreto de Alcaldía del 24 de noviembre de 2023 contra el cual se dirige el recurso de UxL.
González ha señalado que el recurso potestativo de reposición será contestado «con la mayor celeridad posible para dar respuesta a este partido político que todo lo ve en blanco y negro». Para concluir, el alcalde ha garantizado que el equipo de gobierno «va a seguir trabajando por el bienestar de todos los laredanos sin perder el foco de su hoja de ruta».
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