Los vecinos del Tenis frenan el derribo parcial del edificio al negarse a abandonar sus casas

A las nueve de la mañana se personaron en el edificio la secretaria y un técnico municipal, acompañados por varios efectivos de la Policía Local pejina, con el objetivo de que los vecinos pusieran a disposición del Ayuntamiento sus viviendas, proceder al corte de los suministros y firmar el acta de replanteo, que supone el inicio oficial de las obra. Todo ello con el objeto de dar cumplimiento al auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que indicaba que los trámites del derribo debían iniciarse este viernes, momento en el que todas las viviendas tenían que estar totalmente desalojadas.

Sin embargo, la comitiva que representaba al Ayuntamiento se encontró con la oposición de los vecinos, que se congregaron en su urbanización, y con sus abogados, que dejaron claro que no entregarían las llaves de las viviendas «porque el Ayuntamiento ni siquiera nos ha comunicado en qué hotel de Laredo tienen previsto realojar a los vecinos».

«No venimos a discutir», afirmaron los técnicos del Ayuntamiento. «Sólo venimos a levantar acta en relación a la puesta a disposición del edificio al Ayuntamiento para que Tragsa pueda iniciar las obras de demolición». Ante esto, la abogada de la comunidad de propietarios respondió que están a la espera de que la Sala conteste al recurso que presentaron el pasado jueves por la noche, en el que señalan que el Ayuntamiento no ha cumplido el mandato del tribunal de «desalojo, custodia de los enseres y realojo de los vecinos».

«No abandonan sus viviendas porque no saben dónde ir», afirmó el letrado de Valentín López, un vecino con discapacidad. A lo que un técnico le respondió que el Ayuntamiento «ya tiene un establecimiento donde alojar a los vecinos (el Hotel Adelma de Hoznayo, según averiguó por la tarde este periódico)». «¿Pero dónde está? ¿Cuál es el hotel, cómo se llama? ¿Qué quiere, que estén esperando los vecinos ya con las maletas sin saberlo?», interpeló el letrado antes de saber el lugar donde el Ayuntamiento tiene previsto reubicar a los afectados.

En medio de la discusión, el presidente de la comunidad, Josu Beascoechea, dejó claro que «no vamos a abandonar a esas dos personas que no pueden salir de sus viviendas, no vamos a dejarlas solas». Se refería al caso de Valentín López. «Me gustaría saber dónde va a estar realojado porque tiene unas necesidades muy especiales. Y no le vamos a dejar aquí solo. Al día siguiente de que le realojéis en condiciones, con dignidad, entrego las llaves», aseveró molesto.

Finalizada la discusión, la secretaria municipal anunció que procedería a levantar acta sobre la negativa de los vecinos a ceder sus viviendas para el derribo con el objeto de remitirla a la Sala y que proceda como estime. «Si quieren venir a firmar el acta pueden pasar por el Ayuntamiento en media hora, si no la mandaremos a la Sala sin su firma», informó la secretaria a los dos abogados que representan los intereses de los vecinos.

Tras el acto, los vecinos, que estuvieron respaldados por miembros de la Asociación de Maltratados por las Administraciones (AMA), mantuvieron una reunión con sus letrados para aclarar todo tipo de dudas.

«El Ayuntamiento es el único que nos ha metido en este problema por dejar actuar en la edificación, no sé si de mala o buena fe, y es el que nos tiene que sacar de aquí dignamente. Lo que no puede hacer es levantar los hombros y encima condenar al pueblo de Laredo a pagar el festival suyo. Ellos son los que no han hecho su trabajo», afirmó Fernando Larrucea, uno de los afectados. «En su día no tenía que haber dado licencias de primera ocupación y haber tomado las medidas suficientes contra la promotora para que esto no hubiese ocurrido. Por lo tanto, él nos mete y él nos tiene que sacar».

En su caso, Javier Inunciaga, apuntaba que «psicológicamente esto está siendo terrible para nosotros». «Nos enteramos por la prensa de que hoy (por ayer) teníamos que desalojar el edificio y algunos vecinos no han recibido ni siquiera la notificación del Ayuntamiento. Entonces teníamos la impotencia de no saber qué hacer, si sacar los muebles o no y cómo».

Este afectado explicó que en el edificio hay viviendas, como la suya, que con el derribo parcial «pierden la habitabilidad». «Nos quedamos sin casa. Los que vivimos de la tercera planta para arriba nos quedamos sin casa», lamentaba. «Qué hacemos con unas casas que hemos comprado legalmente, sin cargas, con unas escrituras, con una cédula de habitabilidad...». «Lo único que nos dicen es que nos van a tirar la casa y luego ya verás tú como la terminas», añadió, al tiempo que criticó que el Ayuntamiento les deje «totalmente desamparados, como si fuéramos los que hemos causado todo este daño, cuando somos los grandes perjudicados de todo esto». «Hay una falta de empatía terrible por parte del Ayuntamiento hacia nosotros», aseveró.

De su lado,n se limitó a emitir un comunicado en el que señalaba que se había procurado «sin éxito» poner a disposición de Tragsa, empresa pública encargada de ejecutar el derribo parcial, el edificio. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento se encuentra en la obligación de cumplir esta resolución judicial en un proceso que lleva casi treinta años en los tribunales. «El incumplimiento de la sentencia podría derivar en responsabilidades penales», advirtió, después de apuntar que la sentencia que ordena el derribo parcial del Tenis, dictada en 1992, coincidiendo con el mandato del entonces alcalde Juan Ramón López Revuelta, «ha sido objeto de diversos recursos por parte de los residentes del apartahotel que han sido desestimados».

Sobre lo que no quiso pronunciarse el tripartito es respecto a que el único condenado sea el Ayuntamiento, lo que conlleva que tiene que costear el derribo.

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