Un recurso paraliza temporalmente la adjudicación de la obra de La Hermida

En la práctica, esto implica que los tiempos estimados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana pueden quedar invalidados. El organigrama que manejaba el departamento que dirige el socialista José Luis Ábalos planteaba que las obras, largamente demandadas y cuya ejecución se han venido retrasando durante años con distintos gobiernos, comenzarían a principios de 2022. Para ello, es necesario que la adjudicación se lleve a cabo este mismo ejercicio. Y ese último paso en los despachos es, precisamente, el que ahora queda provisionalmente suspendido.

El Tribunal Administrativo da credibilidad a la denuncia de la Confederación Nacional de Constructores, que consideran irregulares las cláusulas 23 y 41. Son las que hacen referencia a cómo hay que proceder en caso de que, durante la ejecución de los trabajos, haya que realizar algún modificado al proyecto inicial. José Pablo Martínez, secretario general de este colectivo que agrupa a las principales constructoras del país, lamenta que con el actual pliego la Administración se reserva un poder excesivo a la hora de fijar el coste de cualquier cambio, cuando lo habitual es que haya un procedimiento de negociación para alcanzar un punto de acuerdo.

Es decir, que si durante el avance de las obras surge la necesidad de crear una nueva estructura, ampliar el tamaño de la calzada en algún tramo o crear una nueva salida a la carretera, con la redacción actual del documento, el Ministerio tendría una posición de privilegio a la hora de fijar el presupuesto definitivo. Además, la CNC considera que no está claro si una modificación puntual también supondrá un cambio en el plazo de ejecución que tenga el adjudicatario. «Estos cambios llevan tiempo y pueden requerir parar las máquinas, por eso cuando surgen no se puede acabar la tarea en el tiempo inicialmente previsto», concluye Martínez.

La esperada reforma integral de la carretera del desfiladero de La Hermida que servirá para aumentar la seguridad en todo en la vía de entrada a Liébana -la nacional N-621 entre Cillorigo y Panes-, acabar con los constantes desprendimientos y también reforzar la capacidad de la carretera, tiene un periodo de ejecución de 48 meses. Este plazo empezará a contar desde que se ponga la primera piedra.

Hasta que no haya una decisión del Tribunal, Transportes no podrá proceder a la adjudicación, pero sí puede avanzar el resto de procesos para tratar que el perjuicio sea el menor posible. Por eso aún es difícil calcular el impacto de este recurso en el cronograma de la obra. Por ejemplo, el Ministerio puede abrir y analizar el próximo 24 de junio, como tenía previsto, las ofertas económicas que presentaron hasta finales de mayo las empresas interesadas, sobre un presupuesto base de 95,7 millones de euros.