«La batalla contra el Biogás aún no está ganada»

Aparte de aclarar que se trata de un «proyecto defectuoso» que ha estudiado a conciencia un grupo de vecinos de los que componen el colectivo, desde la coordinadora aportaron información novedosa con respecto a las empresas que de forma indirecta podrían estar relacionadas con la planta de biogás. «Algunos asociados y directivos de Rucecán −una de las promotoras investigadas por la Fiscalía y la Agencia Tributaria por presuntos sobornos− forman parte de los administradores de la empresa Biogenera Innovación», señalaron. Motivo por el que, aseguraron, «estaremos muy atentos a las relaciones de este entramado de empresas con la Administración».

Los vecinos temen que la instalación de una planta de tratamiento de residuos esté más relacionada con la obtención de subvenciones que con realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tal y como está redactado el proyecto, «la planta se ejecutaría sin ningún tipo de garantía de buen diseño y funcionamiento, lo que afectaría a la salud de las personas y al medioambiente». Para avalar su razonamiento, el colectivo ha presentado en la cita una serie de consideraciones acerca del biogás realizadas por algunos profesionales del centro de salud Saja.

En el documento, los sanitarios recuerdan que este tipo de instalaciones «tienen un alto riesgo de malos olores, cuyos efectos pueden causar insomnio, mal humor, cefaleas, alteraciones neurológicas, problemas de concentración y un largo etcétera». También apuntan a la responsabilidad de las instituciones a la hora de otorgar los permisos correspondientes o realizar las autorizaciones ambientales integradas, además de dejar claro que «se deben asegurar las medidas adecuadas y sus controles continuos de cumplimiento para evitar contaminación con lodos o residuos orgánicos mal tratados».

La corporación municipal de Cabezón aprobó en sesión plenaria rechazar la instalación de cualquier planta de biogás que no cumpla la más estricta normativa. Ahora toca esperar a que se pronuncien las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria, cuya respuesta será revisada con lupa por los componentes de este colectivo, que lucha porque esta propuesta «no suponga un perjuicio para la totalidad de los vecinos de la comarca»