La Corporación municipal de Cabezón se declara en contra de la planta de biogás

Los dirigentes políticos, que en un primer momento fueron informados de las consecuencias que acarrearía crear una instalación de este tipo en Cabezón por los propios ciudadanos, expusieron los motivos que les han llevado a posicionarse en contra y valoraron el trabajo realizado por la coordinadora, que ha redactado más de una docena de alegaciones y recogido 1.146 firmas en contra. «No queremos una planta de biogás en Cabezón», dijo el alcalde, Víctor Manuel Reinoso (PRC). La portavoz de Izquierda Unida, Raquel Fernández, cuestionó la redacción del plan elaborado por la promotora y la procedencia de los residuos. Fernández planteó además la posibilidad de que sea el propio Ayuntamiento «el que tome las riendas del proyecto sin coste alguno, algo que sería posible, según la información recibida por expertos en esta materia».

Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs), Esther Merino, declaró que su partido apoyaría las alegaciones presentadas por la coordinadora, así como las que redacten los técnicos municipales «en tanto en cuanto no se cumpla la normativa existente». La edil naranja recordó que en Cantabria «no existe una legislación clara sobre la construcción de estas plantas». Precisamente por eso, en la moción se insta al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España a que regule y legisle las instalaciones de biogás, «con el fin de garantizar a la ciudadanía lo máximos estándares de seguridad, tanto en su implantación y puesta en funcionamiento, como en su posterior revisión».

Desde la coordinadora, aunque agradecieron la voluntad de los representantes políticos y aseguraron que «se trata de un paso importante», alertaron de que «la aprobación de la moción no implica que se paralice la tramitación del proyecto en curso». De hecho, «la autorización ambiental integrada que necesita la empresa para conseguir la licencia de obra y de actividad continúa avanzando», explicaron. Una vez más, la plataforma de vecinos instó a la ciudadanía a informarse sobre «el impacto negativo» del proyecto. «Los vehículos que circulen por la autovía A-8 terminarán asociando los pueblos de la comarca con el mal olor que generará en la planta», insistieron.