La plataforma contra el superpuerto de San Vicente inicia acciones legales

En concreto, el recurso plantea la impugnación de la declaración de impacto ambiental aprobada el 9 de octubre de 2012 y la impugnación indirecta del acuerdo del Consejo de Gobierno de julio de 2018 por el que se acordaba aprobar definitivamente el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2018-2021.

La plataforma, que aglutina a diversas organizaciones de tipo social, político, laboral, cultural y medioambiental, inicia de esta forma las acciones judiciales para intentar «anular» lo que considera un «despropósito ilegal». Además, reprocha a la consejería de Obras Públicas que «no ha querido enterarse de que el proyecto Santa Marina ha costado a los barquereños 2.250.000 euros, al declararse completamente contrario a derecho».

La plataforma señala directamente a José María Mazón, consejero de Obras Públicas durante toda la legislatura -ahora candidato del PRC al Congreso- y a su sustituto, José Luis Gochicoa, como «máximos artífices y futuros responsables de cuantas transformaciones se acometan en un espacio protegido».

De este modo, el colectivo advierte nuevamente de las consecuencias que puede acarrear su «empecinamiento» en seguir adelante con el «macropuerto». Y les reprocha que, acabada prácticamente la legislatura, firmen el comienzo de los trámites de licitación.

A juicio de la plataforma, esta gestión «siembra multitud de dudas, toda vez que parece ilógico iniciar este tipo de trámites con el panorama electoral de incertidumbre que se encuentra en el horizonte». «Con el agravante -recalcan- de que precisamente es el exconsejero Mazón el candidato del PRC a las elecciones generales».

Finalmente, advierten de «que harán cumplir la ley denunciando a los responsables políticos y técnicos del proyecto hasta que este sea definitivamente archivado».