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Sara Portilla. Luis Palomeque
Ruiloba denuncia a la exalcaldesa ante la Fiscalía por falsedad documental

Ruiloba denuncia a la exalcaldesa ante la Fiscalía por falsedad documental

El Ayuntamiento anuncia que adopta esta decisión tras el dictamen del Consejo de Estado, que dice que el Consistorio debe anular una sanción de Sara Portilla a una trabajadora municipal

A. Ruiz

Santander

Martes, 11 de junio 2024, 02:00

El Ayuntamiento de Ruiloba ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria a la anterior alcaldesa, Sara Portilla (PRC), por presunta falsedad documental y prevaricación en relación a un expediente sancionador a una trabajadora que demandó a la regionalista por acoso laboral. Según informaron ayer desde el Consistorio, la denuncia, interpuesta el pasado viernes, está relacionada con una denuncia por acoso laboral de una empleada municipal contra la exregidora y otra funcionaria. Como consecuencia, Portilla incoó un expediente sancionador y suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a la demandante, en base a una «supuesta auditoría», que era, aducen en el Consistorio, «un simple PDF sin firma alguna, que nunca se ha sabido quién lo había elaborado», según han señalado desde el Consistorio.

El juzgado no estimó la demanda de acoso y cuando dictó la resolución Sara Portilla ya no era alcaldesa, aunque se personó en el procedimiento laboral alegando ser parte interesada, «evidenciando así un interés personal anómalo y que todo el expediente sancionador fue, presuntamente, un acto de venganza contra la trabajadora por haberla demandado por acoso laboral», explicó el actual alcalde, Julio Pinna, en el comunicado. El regidor indica que la decisión de denunciar ante la Fiscalía ya había sido anunciada por el equipo de gobierno (PSOE, PP y Cs) el pasado 29 de mayo, en el último pleno, en el que se leyó el dictamen del Consejo de Estado. Según ese informe, el Ayuntamiento debe declarar la nulidad de la sanción impuesta al haber ocasionado Portilla una «clara indefensión» a la demandante.

Tras recibir ese «contundente» dictamen se realizaron las consultas legales pertinentes y se pusieron los hechos en manos de la Fiscalía, «para defender el precepto constitucional que impone a la administración pública servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho», ha señalado el regidor en el comunicado emitido ayer.

«No podemos mirar hacia otro lado ante estos hechos y debemos actuar con el máximo rigor posible», afirmó el alcalde socialista, Julio Pinna.

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