Piélagos ordena el cierre de la cantera de Laherrán por carecer de licencia

La resolución del Ayuntamiento de Piélagos, emitida el pasado 3 de noviembre, ratifica la clandestinidad de la actividad minera y extractiva que denunció en 2015 el grupo ecologista y determina, además, que se requiera a las empresas gestoras de los servicios de aguas y de energía para que corten el suministro. No afecta, eso sí, a la planta de hormigón que tiene en la cantera.

Con esta decisión, el Consistorio pretende dar carpetazo a un asunto que lleva años generando 'polvo', también fuera de la cantera, ya que en este tiempo las denuncias y resoluciones no han conseguido echar el cierre a Laherrán pero tampoco se ha aireado el asunto.

En estos últimos cinco años, después de que un juez ya hubiera decretado que la actividad era irregular, la toma de decisiones y las reivindicaciones han brillado por su ausencia. Ha sido a partir del pasado 6 de junio -días después de las elecciones- cuando Ecologistas en Acción presenta la primera solicitud de ejecución y, ahora, una amenaza de denuncia penal sobrevuela sobre la Alcaldía e incluso los funcionarios.

El dictamen municipal del 3 de noviembre se ha trasladado al grupo ecologista y a la empresa que gestiona los recursos en la cantera. En suma, viene a ratificar una resolución de Alcaldía anterior -del 25 de febrero de 2016, bajo el mandato de la socialista Verónica Samperio-, en la que se declaraba clandestina la actividad de molienda y clasificación de áridos y establece que ejecutará la sentencia emitida el 30 de abril de 2018 por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En concreto, la resolución municipal de este mes, a la que ha tenido acceso este periódico, ratifica la «clandestinidad» de una actividad, que «carece del documento ambiental» y también de las autorizaciones previas de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para las construcciones en suelo rústico. Además, reconoce que, respecto a la ejecución de la sentencia de fecha 17 de enero de 2017, la cantera «no dispone» de licencia de actividad extractiva y las instalaciones vinculadas a ella, así como que «no ha obtenido por silencio la licencia solicitada con fecha 17 de agosto de 2010 como pretendía». Eso sí, los informes técnicos en los que se apoya esta resolución no son concluyentes, ya que dejan abierta la puerta a que la clausura pudiera tener opciones a medidas cautelares tanto en cuanto no termine otro proceso judicial iniciado por Laherrán.

El asunto se ha empezado a airear en los despachos del Ayuntamiento desde que Ecologistas en Acción presentara ante la Alcaldía el pasado junio una solicitud para que procediera de «forma inmediata» a clausurar las actividades de Laherrán. De no hacerlo, la asociación añadía que se reservaba la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra «la Alcaldía y funcionarios» responsables, dada la «extrema gravedad» de la situación, de «pasividad administrativa».

Pues bien, el pasado 3 de noviembre, el Ayuntamiento emite la resolución en la que ratifica el cierre y cuatro días después es notificada a las partes implicadas. Al día siguiente a dicha notificación, Ecologistas vuelve a registrar en el Ayuntamiento la misma petición que realizó en junio pero advierte de que adoptará cuantas acciones civiles, administrativas y penales sean pertinentes. De ello también da traslado a la Fiscalía -como así lo avisa al Consistorio-, por si pudieran mediar acciones penales. A este último escrito, el Ayuntamiento de Piélagos responde comunicándole su resolución y, por tanto, su voluntad.

Según aseguraron ayer desde Ecologistas en Acción, la historia de la cantera tiene muchos más antecedentes por irregularidades. Esta actividad viene funcionando desde hace más de cincuenta años sin que ninguna Administración la haya «controlado». Por ello, lamentan la «inacción» por parte de los diferentes gobiernos que han pasado por el Ayuntamiento y advierte de que, si no se ejecuta el cierre, abrirán una causa penal por prevaricación.