El fiscal considera «clarísima» la prevaricación de Puerto Gallego y los ocho exconcejales de Santoña

Durante la vista, todas las partes personadas en el procedimiento han elevado a definitivas sus conclusiones, incluídas las acusaciones populares ejercidas por el PP y el exconcejal de Falange, Leoncio Calle PIla, que denunció los hechos y reclama nueve años de inhabilitación para los nueve encausados. De su lado, las defensas han pedido la libre absolución de sus clientes.

En su informe final, el fiscal ha reconocido que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en esta causa (han pasado casi 20 años desde que se produjeron los primeros hechos objeto del pleito), consideración con la que ha coincidido la jueza que ha señalado que es «notorio» el tiempo de dilación. Aun así, ha reprochado a las defensas que «se haya intentado dilatar y falsear lo que se está juzgando». «Lo fundamental en este juicio es la documentación que obra en autos. Las declaraciones de los acusados no se ajustan a la realidad», ha apuntado tras recordar que los nueve encausados no quisieron contestar a ninguna de sus preguntas y solo lo hicieron a las de sus abogados. «El delito de prevaricación ha quedado acreditado, es palmario. Contrataron como les dio la gana y como servidores públicos eso no se puede hacer», ha subrayado.

El representante del Ministerio Público ha señalado, además, que los nueve encausados aprobaron facturas por un montante total de 600.000 euros sin contar con consignación presupuestaria, tal y como señaló el lunes una interventora que compareció como perito. «Se ha causado un perjuicio porque no se realizó correctamente la contratación», ha afirmado, al tiempo que ha dicho que si se hubiera contratado a un técnico externo «se habrían ahorrado el tener que estar aquí hoy y dinero para las arcas municipales». El fiscal entiende que «no hubo ganas ni interés» por parte de los miembros del gobierno local de ajustar su proceder a «ningún procedimiento establecido». «Eludieron los mecanismos de contratación existentes despreciando la legalidad y bajo la máxima de vale todo».

Finalmente, el representante del Ministerio Público ha rechazado el argumento de que las situaciones enjuiciadas fueran «heredadas» y fruto de una «mala gestión anterior», pues «no se puede fraguar una ilegalidad durante toda la vida». En este punto ve un «desprecio» a la normativa vigente en el momento de los hechos.

Por su parte, las defensas de los acusados han incidido en las dilaciones que ha sufrido el procedimiento. «Los exconcejales fueron llamados a declarar cuatro años después de la denuncia y Puerto Gallego nueve años después». Además, han coincidido en que el secretario municipal, asesor jurídico en los ayuntamientos, «no advirtió de ninguna ilegalidad». «Si el técnico ve que hay algo ilegal tiene que advertirlo». Respecto a la responsabilidad de la Junta de Gobierno en la aprobación del pago de facturas, uno de los abogados defensores ha manifestado que dicho órgano «no puede ir más allá de un visto bueno». «A quien corresponde aprobar el pago, mediante decreto, es a la alcaldesa».