La fiscal mantiene los tres años de cárcel al organizador del 'Delirium Festival': «Actuó a su libre albedrío en perjuicio de la sociedad»

Durante la última sesión del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la representante del Ministerio Público ha concluido que existe «prueba de cargo suficiente» para condenar al acusado. «Hay bastantes indicios de que las disposiciones y transferencias que realizó el acusado eran para gastos personales».

A su juicio, De la Fuente realizó «numerosas disposiciones en efectivo y extracciones con cargo a una cuenta de la sociedad», por importes diversos «pero habitualmente superiores a 400 euros», hasta sumar un total de 90.759 euros, que «se adueñó sin que conste que fuesen destinados a fines propios de la sociedad». Del mismo modo, la fiscal sostiene que el acusado realizó «decenas de pagos y transferencias» con cargo a la cuenta por importes diversos, para fines que «no consta que fuesen de interés a la sociedad, tales como compras, viajes y restaurantes» y «ordenó dos transferencias por un importe total de 5.106 euros a favor de su excónyuge», con el fin de «abonarle las pensiones alimenticias a las que estaba obligado». El importe total de los gastos y de las dos transferencias asciende, según la fiscalía, a 18.369 euros.

Con todo esto, la fiscal –que califica de «aberración contable» la gestión del acusado sobre la sociedad (de la que es administrador único)– llega a la conclusión de que hay «numerosos gastos y cantidades muy elevadas sin ningún tipo de justificación». «Es muy obvio», consideró la representante de la acusación pública, que también hizo mención a las «distintas versiones» que ha ofrecido el acusado a lo largo de la causa, como que los denunciantes le habían sustraído dos tarjetas. «Actuó a su libre albedrío en perjuicio de la sociedad».

En la misma línea, la acusación particular, que representa a los otros dos socios de la sociedad, también ha ratificado su escrito de acusación en el que califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal, por los que solicita una condena de doce años de prisión (seis por cada delito) e indemnización de 109.128 euros para la sociedad, además de 105.765 euros para uno de ellos y 33.000 euros para el otro. «El acusado confunde su patrimonio con el de la sociedad. No podía hacer esas disposiciones de dinero sin contar con el acuerdo previo de la junta general de accionistas. Es ilegal».

Por su parte, la defensa, que pide la libre absolución de su patrocinado, entiende que «no se ha probado que haya habido ese desplazamiento patrimonial de fondos de la sociedad al patrimonio personal, sino que el acusado ha estado haciendo frente a pagos derivados del festival».

El juicio ha finalizado con la intervención del acusado, quien, tras reconocer que «probablemente haya hecho muchas cosas mal», ha apuntado que ha reducido las deudas del festival de 460.189 a 136.000 euros. «En 21 años de profesión nunca había debido dinero a nadie y nunca he sentido tanta impotencia como ahora», ha apuntado, emocionado.