El Colegio Oficial de Secretarios rechaza la «campaña de desprestigio» contra su compañera de Liérganes

El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (Cosital) ha salido al paso del pleno de este lunes de Liérganes, en el que el equipo de gobierno (Unión por Liérganes y Pámanes en bipartito con PRC) decidió levantar los reparos que la secretaria interventora emitió a siete facturas al tiempo que el alcalde, el independiente Santiago Rego, aprovechó para criticar el trabajo de la técnico. En respuesta, desde Cosital han querido defender la labor «imparcial y profesional» que desarrolla la técnico del Ayuntamiento de Liérganes, además de rechazar la «campaña de descalificaciones públicas de que es objeto por parte de algunos representantes políticos».

En el comunicado, el organismo de los secretarios insiste en la «legalidad de la actuación» de la secretaría municipal, que no puede sufrir «ningún reproche». En este sentido, la Junta Directiva de Cosital ha reiterado el «necesario respeto al ejercicio» de las funciones reservadas que el ordenamiento jurídico encomienda a los funcionarios en general, y a los funcionarios habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) en particular.

No obstante, desde el colegio han manifestado que, llegado el caso, el trabajo de un secretario pueda ser revisado y cuestionado, pero siempre «con argumentos jurídicos»; y nunca «utilizar las descalificaciones públicas para intentar atacar su profesionalidad y honradez», máxime cuando, dicen, «menosprecian y cuestionan la validez y objetividad de su trabajo profesional a través de los informes que emite».

Para Cosital, «en ningún caso es admisible ni tolerable» que los profesionales de la Administración Local tengan que soportar «descalificaciones por parte de representantes políticos que pongan en duda su honradez y profesionalidad» en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas, que son realizadas «conforme al leal saber y entender de cada funcionario». Asimismo, rechazan que «existan injerencias externas que traten de hacer cambiar nuestros criterios fundados en Derecho».

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