«Compramos una casa, el antiguo dueño se ha atrincherado y, mientras, seguimos pagándola»

«Fuimos el día acordado y nos encontramos con que seguía allí», dice Lidia. El antiguo dueño no estaba en la finca, pero sí sus pertenencias. «Estábamos cambiando la cerradura cuando saltó la valla y se nos metió», recuerda. Cuando le vieron entrar, se pusieron en contacto con los agentes de la Benemérita, que se personaron en el lugar. Si no fuera por lo dramático y tenso de su situación, la escena que presenciaron sería digna de una película de esperpento. «Sabía que no podían echarle de allí y con toda la tranquilidad se puso a fumar un cigarro mientras decía que le habíamos robado dinero que tenía en el interior de la vivienda», recuerda la pareja, convencida de que el denunciado tenía pensado actuar de esa manera desde el momento en que firmó el contrato de venta.

«Lo más sorprendente de todo es que aunque sabemos que a medio plazo la Justicia nos va a dar la razón, hasta entonces no podemos hacer nada y él tiene todas las de ganar», se lamenta Lidia, ahora experta en el tema. Apunta a que cualquiera puede sufrir una situación como esta: «Si tienes una casa vacía y te entra un okupa es mala suerte, pero esto es mucho peor. Cuando compras una casa lo que menos te esperas es una situación como la que estamos padeciendo. Lo mismo puede ocurrir si te vas de vacaciones y se te mete alguien en casa. Después no le puedes echar. Así está la ley en este país».

En la denuncia que presentaron en Santoña el 10 de julio -a las pocas horas de comprobar que tenían un okupa en su nueva casa- explican que, de buena fe, le dieron un mes para que recogiera todas sus pertenencias. Ese plazo se cumplió a principios de julio, pero «él no se dio por enterado».

La pareja asegura que comenzaron a ver que las cosas se torcían cuando a comienzos de verano -después de firmar el contrato de compraventa, pero antes de intentar entrar a vivir- recibieron un burofax en el que la otra parte les reclamaba 10.000 euros. Como se recoge en la denuncia, señalaba que no entregaría «la posesión de las fincas vendidas» si no se abonada esa cantidad.

La pareja entiende que esa reclamación que apareció una vez firmado el contrato de compraventa tiene que ver con una rebaja acordada entre ambas partes en el precio de la vivienda: «Como corría prisa nos comprometimos a asumir nosotros todas las cargas que tenía la finca, incluidos varios embargos, a cambio de esa rebaja». Todo se encuentra debidamente explicado, hasta el último euro, en el contrato.

Alfonso reconoce que a raíz de que su caso se hizo conocido entre los vecinos de la zona ha recibido llamadas de todo tipo ofreciéndoles una ayuda «distinta a la estrictamente legal» para echar al okupa de su vivienda por la fuerza. «Es algo que ni siquiera nos hemos planteado. Lo primero porque, aunque estamos un tanto defraudados con el funcionamiento de la Justicia, estamos convencidos de que estas cosas hay que arreglarlas por la vía legal. Pero también porque ese camino lo único que puede hacer es traernos más problemas», insiste.

Ha sido su abogado, Elías Martínez, quien les ha recomendado hacer público su caso para que la Administración de Justicia se dé cuenta de la gravedad de la situación y se ponga manos a la obra. Porque, de momento, su expediente todavía no está asignado a ningún juez. «La vía civil supuestamente es de urgencia y da opción a pedir el desahucio express, pero en la práctica los plazos se pueden alargar. Por eso hemos recurrido también a la vía penal», explica el abogado. Considera que no hay duda de que se trata de un delito de usurpación inmobiliaria, recogido en el artículo 245.2 del Código Penal, al que hay que sumar las coacciones por la petición posterior de 10.000 euros para dejar la vivienda. Si no se agilizan los plazos, hasta dentro de seis meses es muy posible que no se conceda la medida cautelar que han pedido, el «desalojo inmediato».

Además de los quebraderos de cabeza y las noches sin dormir, y del dinero que han tenido que invertir para llevar el caso al juzgado -están convencidos de que aunque sea condenado a pagar las costas procesales e indemnizarles por daños y prejuicios se va a declarar insolvente-, todo este «calvario» ya les está afectando desde el punto de vista económico. Junto a la vivienda tienen pensado poner en marcha un pequeño negocio que ya podía estar dando sus primeros pasos. Además, explican que si la situación de incertidumbre se alarga más de lo normal perderán el derecho a solicitar una subvención para hacer obras en viviendas recién adquiridas y el descuento en algunas tasas.