El desahucio de Solares se retrasa un mes para que la familia «pueda encontrar otra casa»

No eran optimistas y, durante la mañana, la familia había recogido parte de sus pertenencias y las habían guardado en un remolque aparcado junto al portal. Pero el desalojo sí se detuvo. Al menos, temporalmente. Después de una conversación en la que Mazorra, Romero y Álvarez intercambiaron opiniones sobre el caso, la parte denunciante aceptó el mes que pedía la plataforma para reubicar a la familia. También estaba allí el hijo de la propietaria, Jorge Diego, que aseguraba que la situación está afectándoles personalmente. «Llevamos haciéndonos cargo de sus gastos de suministros durante dos años. No queremos que nos paguen las mensualidades acumuladas durante este tiempo, solo recuperar la vivienda», explicaba.

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Es el segundo lanzamiento programado contra Tino y Elísabet. El primero, en enero, se detuvo porque el abogado de la familia no les notificó la fecha ni les informó en ningún momento de la situación en la que se encontraban. Por ello, no pudieron personarse en el juicio ni tratar de encontrar otro lugar al que trasladarse. «Ha pasado poco más de un mes desde que conocimos el caso y no nos ha dado tiempo a localizar un inmueble al que puedan ir. Con este margen esperamos conseguirlo«, contaba Mazorra.

Aunque la empresa pública Gesvican (Gestión de viviendas e Infraestructuras en Cantabria) les ofreció un piso ubicado en Unquera, no lo aceptaron «porque está demasiado lejos de la localidad en la que hacen su vida y supondría un cambio total. Además, tienen dos hijos menores que van al colegio en Solares», apuntaba Mazorra.

Tino y Elísabet alquilaron el piso hace cinco años. Vivían de una renta social de 600 euros que dejaron de percibir durante siete meses porque, por un cambio en la normativa, tuvieron que entregar el papeleo de nuevo y esperar a la resolución. El propietario de la vivienda falleció en ese periodo de tiempo -hace ya dos años- y su mujer pasó a ocuparse de ella. Explicó a los inquilinos que necesitaba el inmueble para su hijo, pero la situación se ha alargado «porque no tienen dónde ir«. »Entendemos a los propietarios, normalmente actuamos contra bancos. Pero tenemos que ayudar a la familia porque está en riesgo de exclusión y tienen dos hijos menores con enfermedades crónicas (asma e hipotiroidismo). Nuestra intención es reubicarlos cuanto antes y dejar libre la vivienda«, asegura Mazorra.