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El juez ha citado a declarar en calidad de investigados en el proceso judicial por prevaricación contra el alcalde de Ribamontán al Monte (Joaquín Arco, del PRC) a cinco concejales con los que formaba equipo de gobierno la pasada legislatura. En una nota difundida ... por el Partido Popular se destaca que los ediles ya han recibido la notificación de la citación. Son los regionalistas Lidia Ruiz Llanos, Raúl Fermín Ruiz Sánchez, Fernando González Mazas, Mercedes Fernández Pérez y del socialista Jesús García Fuente, que han sido citados a declarar el día 21 de junio de 2022.
Consultado sobre este asunto, el alcalde de Ribamontán al Monte asegura que «las citaciones han llegado hace unas semanas y en Navidad se ha presentado recurso. Ha pasado el plazo y seguramente no tendrán que ir».
En el comunicado remitido por el PP, el presidente local del partido, José Luis Blanco, ha recordado que en febrero de 2018 su formación presentó una querella contra el primer edil de Ribamontán al Monte por pagar facturas municipales entre los años 2016 y 2017 por valor de casi 20.000 euros a pesar de los reparos de ilegalidad de la secretaria-interventora municipal.
«Arco levantó los reparos sin subsanarlos», ha dicho Blanco, señalando que por esa querella -extensible a los cuatro concejales del PRC y al edil socialista que también votaron a favor del levantamiento de las advertencias de ilegalidad de la interventora y que ahora han sido citados- el alcalde regionalista declaró como imputado en noviembre de 2018 ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña.
La denuncia hace referencia al pago de cuatro facturas, de las que dos corresponden al abono de casi 4.000 euros en concepto de honorarios a abogados para la defensa del propio alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal.
Las otras dos facturas se refieren al pago de 7.260 euros a una consultoría jurídica por un informe de expropiación forzosa, cuando esa evaluación ya había sido realizada por la jurídico municipal, y al pago de 8.000 euros a una consultora por un trabajo relacionado con los puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Además, también hay reparos de la interventora en relación al cambio de puesto de trabajo de la coordinadora del Centro de Comunicaciones y de la contratación del aparejador municipal, de la abogada municipal y del servicio informático sin seguir el procedimiento.
Blanco ha recordado que todos los investigados, a excepción de Lidia Ruiz, quien ha dimitido recientemente, siguen formando parte del equipo de gobierno de Ribamontán al Monte en la presente legislatura.
Sobre la causa abierta al alcalde, el propio regidor ha señalado a este periódico que aún está «a la espera de si se va a juicio o no».
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