Recogida de firmas contra la construcción de una planta de purines en Praves

El pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Hazas de Cesto llevó a Pleno ratificar un acuerdo de la Junta Vecinal de Praves que preside el exalcalde, José María Ruiz (PRC), para la adjudicación de 180.000 m2 de terreno para la implantación de la instalación, que se ubicará en unos suelos frente al vertedero de Meruelo. Según los promotores de la iniciativa, Biofertizantes Green Gass junto al grupo Lurgreen, la planta tiene una horquilla de inversión que oscila entre los 12 y los 15 millones de euros. Además, generará entre 20 y 30 puestos de trabajo.

Esos son los datos que maneja la empresa, que no se creen los afectados, en su mayoría vecinos de las viviendas dispersas más cercanas a la planta. En apenas unos días, han conseguido ya reunir ese citado más de medio millar de firmas contrarias a la instalación, ante la que aseguran «no creará esos puestos de trabajo que dicen para la zona, puesto que parte de los mismos es para personal cualificado».

La primera queja que plantean es que la Junta Vecinal no les haya informado del proyecto como afectados y, por ello, hace unas semanas decidieron iniciar los trámites para formalizar una plataforma y comenzar a explicar los perjuicios que supondrá la instalación, no solo para los que viven más cerca. Según explica uno de los afectados, Luis Pinto, la planta podría recoger el purin producido por «unas 5.000 vacas» y el resto serían lodos de depuradoras y residuos orgánicos selectivos, vinculados al sector agroalimentario. Asimismo, según sus datos, se pretende almacenar y tratar allí hasta 150.000 toneladas de residuos al año. Tal y como explican los afectados, Praves ya soporta el paso de los camiones de MARE al vertedero y los olores, también los de la planta de Tragsa, a lo que se viene a sumar ahora esta nueva instalación prevista. «El núcleo de Praves está a 650 metros en línea recta», relata Pinto, que no duda de que el olor que ya llega del vertedero se multiplicará con los purines. A la par, ponen como ejemplo al Ayuntamiento de Meruelo, que hace un par de años rechazó un proyecto similar para su municipio por los perjuicios que ello causaría y porque «no estaba justificado» en aquel caso «el interés social» para el municipio, tal y como ratificó el propio alcalde, Evaristo Dominguez.

Añaden también que solo la fase de construcción supondrá un gran movimiento de tierras y «un gran impacto ambiental» en la zona. Denuncian que al tráfico a «altas velocidades» a las que ya pasan los camiones de MARE en una zona limitada a 50 km/h, se añadirá otro tránsito más de 20 camiones diarios «teniendo que transcurrir por el municipio con los ruidos, polvo y riesgo de accidentes que ello conlleva por una carretera muy transitada y con múltiples accidentes y vuelcos en su tramo de Vierna», replican.

Desde el Ayuntamiento de Hazas de Cesto, su alcalde, Alejandro Llano (PRC), defendió el proyecto hace unas semanas en el Pleno de la Corporación, en el que el PP votó en contra y Cs se abstuvo. En declaraciones a El Diario Montañés, Llano explicó que al Consistorio les llegó un proyecto «que contempla 30 puestos de trabajo, con una inversión cercana a los 15 millones de euros, que fomenta la sostenibilidad ambiental y que permite la convivencia entre nuestro mundo ganadero y el resto de vecinos y veraneantes, algo verdaderamente importante teniendo en cuenta los tiempos que corren», valoró.

También incidió el regidor que la planta estaría ubicada «alejada de los núcleos poblacionales», cercano al vertedero de Meruelo. «Siendo la mayor inversión privada que se ha realizado en el pueblo y, a pesar de todo eso, el proyecto nunca se realizará si no cuenta con todas las autorizaciones legales pertinentes», precisó. En la actualidad lo está supervisando la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.