Hacienda da la razón a los vecinos que recurrieron la revisión del catastro

Esto quiere decir que lo cobrado por el Ayuntamiento de Santander en concepto de IBI no sería correcto a ojos de Hacienda, si bien cuando el Consistorio reclamó el pago de las nuevas cantidades se atuvo a los valores catastrales vigentes en el momento. Así lo subrayó Ana González Pescador, concejala de Economía y Hacienda, quien aseguró que la Administración santanderina actuará «conforme a la legalidad y adoptará las medidas precisas para regularizar, en su caso, los recibos». Pero lo hará «respetando los plazos y los procedimientos».

Este conflicto se originó cuando los vecinos empezaron a recibir la comunicación para el pago del IBI con revisiones que aumentaban de un 600 a un 800% las pagadas anteriormente aunque las cantidades no eran desorbitadas. El fenómeno fue especialmente reconocible en el norte del municipio, en los pueblos donde quedaban numerosos terrenos etiquetados como rústicos que, con el PGOU de 2012, pasaron a tener consideración de urbanísticos y desarrollables.

A esta nueva denominación se acogió el Consistorio para cobrar el IBI, una operación que la Asamblea de la Senda calificó desde el primer momento como 'catastrazo' ya que, a sus ojos, el Ayuntamiento quería aplicar una tasa a las fincas por un 'futurible' (ya que se desconoce cuando se aprovecharán esas parcelas para un uso diferente del que tienen ahora). Independientemente de que tras el cobro del IBI con subida el PGOU de 2012 se anuló, la asociación estimó que el aumento del impuesto ligado a la revisión era inadmisible.

Por este motivo, la Asamblea ayudó a los vecinos a reclamar, primero, ante la Gerencia del Catastro y después ante el citado organismo de Hacienda, que ha contestado en positivo: estima la reclamación ciudadana y, además, anula el acto administrativo impugnado. Contra esta resolución solo cabe iniciar un proceso judicial por la vía del Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses.

La plataforma vecinal espera que el Ayuntamiento no dé este paso. Más bien al contrario, le ha exigido a la Administración la devolución «de oficio» de lo percibido de más por el IBI de 2015 a todos los propietarios de suelo rústico afectados.

En el supuesto de que no se proceda a la devolución de las cantidades, la Asamblea advierte que presentará «nuevas reclamaciones y recursos» que ocasionarán «molestias y cargas a los vecinos y contribuirán a colapsar nuevamente diferentes administraciones». Dado, además, que los concejales del equipo de Gobierno justificaban el aumento del impuesto diciendo que las cantidades eran pequeñas (porque rondan los 20 o 40 euros por propiedad) ese argumento «sirve para justificar su devolución tras el fallo sin aumentar costes innecesarios de gestión», apuntó el colectivo.

González Pescador contestó que el Consistorio se limita a calcular el IBI sobre los valores que aporta el Catastro y que, cuando este organismo comunique cambios, los aplicará de inmediato «en los términos en que nos vengan pautados» por la otra Administración (Hacienda).

«Devolución de justicia»

Ayer mismo, el portavoz municipal del PSOE, Pedro Casares, pidió a la alcaldesa Gema Igual que el Ayuntamiento devuelva lo recaudado de más por el IBI. Casares opinó que, con el fallo del Tribunal Económico Regional, «es de justicia» que se devuelva a todos los afectados la diferencia del valor recaudado por el valor de un suelo que no está urbanizado. La concejala de Economía le acusó de ser un «oportunista» y apeló a la «prudencia».