Una familia afectada por los ruidos de las obras de Tabacalera se querella contra César Díaz

El querellante es Pablo Herrero, que vive con su mujer y un hijo de corta edad en un primer piso del nº 3 de la calle Alcázar de Toledo, un edificio que da justo al solar de la calle Alta donde, desde el pasado otoño, comenzó la construcción de viviendas de protección oficial promovidas por la SVS. Ha decidido acudir a la Justicia a la vista de la solución que le ha dado el Ayuntamiento: retrasar el inicio de las perforaciones desde las 08.15 hasta las 10.00 de la mañana, una medida que dice que no evita el daño que están padeciendo.

Dice que, desde el principio, las obras han sido «extraordinariamente molestas», pero que hasta que se decretó el estado de alarma los vecinos podían «huir de la vivienda y estar en casa lo mínimo posible». Ahora, y desde el 14 de marzo, están condenados a convivir con las taladro-excavadoras a pocos metros de sus ventanas, perforando durante toda la jornada laboral de los operarios la piedra que apareció en el subsuelo, «unas placas gigantescas de roca, que han convertido la obra prácticamente en una mina a cielo abierto», describen en la querella.

Argumentan que estas perforaciones superan «ampliamente los 80-90 decibelios de forma continua dentro de las viviendas, lo que ha convertido el confinamiento en un auténtico suplicio y prácticamente una tortura (...)» y comparan: «los propios presos de Guantánamo eran sometidos a la tortura del ruido, como reconoció la CIA, al nivel de 80 decibelios (...)».

En la querella se aporta legislación para defender que los niveles de ruido de estas obras vulneran «gravemente» la Ley 37/2003 del Ruido y del Real Decreto 1367/2007 que la desarrolló después. También rebasa las directivas europeas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señalan «como valor máximo durante el día y en horario laboral en 65 decibelios, siendo exigible 40 decibelios en periodo no laboral, en el que nos debemos consierar durante el periodo de confinamiento». En el caso de esta familia, los «entre 80 y 90 decibelios» que ellos mismos han medido dentro de su vivienda, duplicarían los niveles recomendados.

Además de esta supuesta infracción de los niveles de ruido, el querellante acusa al Ayuntamiento de Santander -responsable final de la SVS- «de una falta de humanidad considerable», al conocer las quejas de estos vecinos, que han llamado «en múltiples ocasiones a la Policía Local» y que también lo han hablado directamente con los dirigentes municipales, «por permitir que se someta a una agresión tan brutal de contaminación acústica a la población confinada en sus viviendas, prácticamente encarcelada, y en particular a los niños». Indica que los servicios municipales ni siquiera estudiaron la situación ni los técnicos evaluaron los valores sonométricos, y que únicamente se les otorgó un retraso en el inicio de las perforaciones que se desarollan cada día, incluso en sábado. «Y no es aceptanle, pues no solo no evita el ilícito penal, sino que no evita el daño. Simplemente lo reduce en una hora y cuarenta y cinco minutos».

Por todo ello, reclama en el juzgado que se instruyan diligencias para determinar si los hechos son materia de delito, que se recaben las medidas de prevención de la contaminación acústica realizadas por la promotora y por la constructora y que se reclame al Ayuntamiento que aporte las mediciones de ruido en la obra. Además, solicita la adopción de la medida cautelar de paralización de las excavaciones y de cualquier otra tarea en el solar que supere los 65 decibelios en horario laboral y los 40 decibelios en el resto de la jornada. Y urge a que se adopte esta medida: «el peligro es obvio. La mayor comisión del daño se está produciendo ahora, durante el periodo de confinamiento motivado por el estado de alarma. La resolución tardía o la celebración de vista (que encima, no es ni posible) no haría más que aumentar el daño».