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Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana cuando el portal del edificio donde viven Jonatan, Karen y sus dos hijos comenzó a llenarse de gente dispuesta a frenar su desahucio. Esta joven familia, que reside desde hace casi tres años en ... una vivienda de la calle Cardenal Herrera Oria de Santander, que rehabilitaron por completo para entrar a vivir, tenía señalado el 8 de abril en el calendario como fecha límite para abandonar su hogar. El juzgado número 8 de la ciudad había marcado las nueve de la mañana de para ejecutar su lanzamiento. Finalmente, su situación de vulnerabilidad ha permitido retrasarlo, al menos, tres meses y desde el Gobierno de Cantabria buscan una solución habitacional para los cuatro.
Varias decenas de personas se concentraron en el entorno de la vivienda de la familia. Mientras Karen y los niños mantenían en casa la esperanza de que el desahucio se paralizase, Jonatan bajó a agradecer el apoyo de los vecinos y de los miembros de la plataforma Stop Desahucios allí congregados.
Los representantes de la secretaría judicial fueron puntuales y llegaron sin el acompañamiento de agentes de la Policía. Por suerte para la familia, el asunto se resolvió de la mejor forma posible ya que, desde su aparición, dejaron claro que efectivamente el lanzamiento quedaba suspendido por su situación de vulnerabilidad. Esto da un balón de oxígeno de tres meses a Jonatan y Karen, que están pendientes de que la Dirección General de Vivienda les ofrezca un alquiler social. Como ya expuso el padre de familia a principios de esta semana, «no quiero que me regalen nada, seguiremos luchando por nuestros hijos».
Aunque la joven pareja prefiere quedarse en la que ya consideran su casa, aceptarán la solución que se les ofrezca. Ellos se mudaron en 2018 al piso que actualmente habitan en Cardenal Herrera Oria, el «barrio de toda la vida» de Jonatan, donde lo conocen desde pequeño. Fue él quien rehabilitó íntegramente la casa, que llevaba varios años deshabitada y se había convertido en un palomar. Poco a poco, con sus habilidades para el bricolaje, fue arreglando el inmueble hasta convertirlo en un lugar habitable para la llegada de su primer hijo, Jon, que tiene ahora dos años. Ahora, junto a la pequeña Leyla, de nueve meses, son una familia de cuatro que sólo quiere «una vida normal». «Quiero estabilidad para mi pareja y nuestros niños, que puedan tener una vida normal. Ojalá nos den un alquiler social que nos permita vivir tranquilos», expone Jonatan.
Antonio González, miembro de Stop Desahucios, fue quien entabló conversación con la secretaría judicial, una charla que no se prolongó más de cinco minutos ya que ambas partes estaban de acuerdo en suspender el lanzamiento. La decisión fue recibida entre vítores, aplausos y proclamas como «Ni casas sin gente, ni gente sin casas». Aunque varias personas de la plataforma se habían introducido dentro del portal para evitar el posible acceso de miembros de la Policía, enseguida salieron porque no se desplazó ningún agente hasta allí.
En 2018, pocos meses después de que la familia, con permiso de los vecinos, se trasladase al piso, el banco propietario se lo vendió a un fondo inmobiliario llamado Pirámides Real Estate. Esta entidad es la que promueve desde entonces su marcha. Este miércoles, el juzgado admitió un recurso contra el desahucio y dio un plazo de cinco días a las partes para impugnarlo. Sin embargo, el mismo no se suspendió hasta ayer en el último momento. Algo «sin sentido», consideran desde Stop Desahucios.
Aunque desde la plataforma celebran esta victoria, temen que llegue un mayo «complicado». Uno de sus miembros, Roberto Mazorra, apunta que ya hay varios lanzamientos anunciados a partir del próximo mes y que, con el fin del estado de alarma –anunciado para el 9 de mayo–, los afectados estarán «más desprotegidos» y será «bastante más difícil frenar los desahucios».
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