Ascán presenta una querella criminal contra un funcionario y dos altos cargos del Ayuntamiento

El presidente de Ascán, Santiago Díaz, y el director de servicios del grupo Sadisa (al que pertenece Ascán), Rubén Varela, han dado una rueda de prensa esta mañana para ofrecer su punto de vista tras las acusaciones de incumplimientos en el servicio de basuras. Como ha expuesto Díaz, si no han dado explicaciones antes es por su «lealtad con sus clientes (en este caso, el Ayuntamiento)» y porque «como empresarios nos defendemos en la legalidad». Ahora, con el asunto en manos de los tribunales, se ven en disposición de dar su versión.

Noticia Relacionada

El Ayuntamiento pagará 16,4 millones al año a Cespa por el contrato por emergencia de las basuras

Ángela Casado

Así, Ascán ha presentado una querella criminal contra la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez, el interventor del Ayuntamiento, Ignacio Gómez, y la directora de Desarrollo Sostenible, Julia Benito. Como explica Varela, consideran que ha existido prevaricación administrativa porque, al día siguiente de las elecciones de 2019, se tramitaron nueve expedientes sancionadores contra Ascán. «Llevábamos prestando el servicio 16 años en Santander y nunca se nos acusó de incumplimientos hasta la noche electoral», expone. También apunta que los expedientes técnicos presentados en su contra están firmados por Domínguez, que es «un puesto de confianza designado por el Partido Popular». Además el interventor, prosigue Varela, «dijo en sede judicial que los informes que se están usando para descontar dinero a las facturas no tenían esa función, sino que eran para auditar».

La querella se presentó el 7 de octubre y desde Ascán se plantean ampliarla e incluir en ella a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que votaron este lunes a favor de rescindir su contrato.

Noticia Relacionada

¿Se exigirá más a la nueva empresa?

ÁNGELA CASADO

La Ley de Contratos del Estado, como resume Varela, recoge que para adjudicar el servicio a una nueva empresa con un trámite de emergencia se debe dar uno de los siguientes supuestos: que sea una cuestión de defensa nacional, que se desencadene de una catástrofe natural o que se esté en una situación de grave peligro. «Creo que no estamos en ninguno de los tres casos». También asegura que «no existe precedente» en España de una actuación como esta.

¿Es Ascán la culpable de que Santander esté sucia? A su juicio, lo ocurrido tiene su origen en los pliegos de 2012. En ellos, siempre según las declaraciones de Varela, se recogía que debían amortizarse 65 puestos de trabajo. «Nosotros lo hemos ido haciendo año a año, con 10 puestos al año, para que no fuera tan drástico». Sin embargo, en la oferta presentada por Cespa, «se comprometían a hacerlo el primer año, lo que hubiera supuesto un ERE». Así, al ir perdiendo empleados año a año, «el servicio ha ido perdiendo calidad paulatinamente sin que sea visible desde 2013, cuando empezó el contrato».