El Ayuntamiento abre expediente sancionador tras detectar «faltas graves» en las obras

En la documentación recopilada hasta ahora se apunta a que "pudiera ser la causa del derrumbe parcial del edificio", tras el que cinco familias se quedaron sin casa y diez no han podido regresar aún a la suya. El expediente sancionador va dirigido contra la empresa promotora, el director de las obras y el contratista que ejecutaba los trabajos, ha informado este lunes el Consistorio en un comunicado, en el que indica que la sanción por esa posible falta grave podría llegar hasta los 15.000 euros. Y podría conllevar también la obligación de los responsables de reponer los bienes afectados a su estado anterior y de abonar las indemnizaciones que se deriven por daños y perjuicios. Además, podrían ser sancionados con la inhabilitación de hasta cuatro años para obtener subvenciones, así como con la prohibición para contratar con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento destaca que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la apertura de este expediente y ha dado traslado al Ministerio Público de todos los informes y documentación recabada hasta la fecha en el marco de la investigación interna abierta .

Asimismo, la alcaldesa, Gema Igual, ha dado este lunes cuenta a los vecinos de todos estos pasos en una nueva reunión informativa en la que también se ha analizado el estado de los trabajos que se están realizando en el edificio, la situación actual de cada uno de los afectados y las respuestas que se están ofreciendo a sus necesidades desde distintos servicios municipales.

Por lo que respecta al expediente sancionador, la alcaldesa ha explicado que se ha iniciado una vez reunidos todos los informes de los técnicos municipales en los que, sin perjuicio de esclarecer después las causas concretas" del derrumbe, "se aprecia un exceso de obra sobre lo autorizado en las licencias concedidas".

Así, en los informes "se evidencia" que las obras "podrían haber superado las amparadas por las licencias", se indica que "el proyecto presentado no reflejaría la realidad preexistente del local" y se apunta que "ello pudiera ser causa del derrumbe parcial del edificio".

En consecuencia, se propone iniciar un expediente sancionador a los responsables por una "falta grave" -la máxima contemplada en la Ley del Suelo de Cantabria para este tipo de infracciones-, que puede acarrear una sanción económica de hasta 15.000 euros, todo ello, sin perjuicio de la obligación de reponer los bienes afectados a su estado anterior y de las indemnizaciones que correspondan por los daños y perjuicios provocados por la infracción.

Además, los responsables podrían ser sancionados con la inhabilitación de hasta cuatro años para obtener subvenciones, así como con la prohibición para contratar con el Ayuntamiento.

La incoación del expediente sancionador se notificará ahora a las partes, incluida la comunidad de propietarios, y tendrán un plazo de diez días hábiles -contados desde la notificación- para presentar las alegaciones que estimen oportunas.

El plazo para hacer llegar todos los documentos a la Fiscalía concluye este miércoles. Una vez reunida toda la información se dará traslado tanto al Ministerio Público como a todas las partes implicadas en el expediente y a los grupos políticos municipales.

También se incorporarán en su momento al expediente sancionador y al de investigación interna los informes periciales de la visita realizada el pasado jueves al interior del local, tanto el informe externo solicitado por el Ayuntamiento como los de aquellas partes que lo aporten a la investigación municipal.

El Ayuntamiento, asegura en la nota de prensa, continuará informando a los vecinos y a los grupos municipales de los pasos que se vayan dando. En este sentido, la Comisión Sociosanitaria se reunirá este viernes para dar cuenta de la atención prestada a los vecinos afectados por el derrumbe y de las ayudas gestionadas hasta la fecha.

A día de hoy, tres vecinos continúan alojados en el Centro de Acogida Princesa Letizia y el resto en casas de familiares o pisos de alquiler. Por su parte, la Sociedad de Vivienda y Suelo se ha puesto hasta ahora en contacto con seis de las familias que están buscando alojamiento en alquiler para conocer cuáles son sus necesidades y ofrecerles soluciones que encajen con ellas.