El Ayuntamiento debe indemnizar a SIEC por las obras del MAS

En una sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press, el juez da la razón a SIEC y considera que ambas resoluciones no son «ajustadas a Derecho» y, en consecuencia, las anula y declara la resolución del contrato en los términos solicitados por la recurrente, condenando al Consistorio al pago de 28.679 euros en concepto del 6% de las obras dejadas de ejecutar, más los intereses legales que correspondan. Más allá de la cantidad, la decisión supone un serio revés para el Consistorio.

La empresa había resultado adjudicataria de las obras a realizar en el MAS de Santander conforme al proyecto redactado y dirigido por la arquitecta municipal, para la mejora de accesibilidad y reforma de la cubierta. Pero el incendio motivó, entre otras cosas, que días después, el 24 de noviembre de 2017, el Ayuntamiento acordase la suspensión temporal de los trabajos. Casi un año después, el 31 de octubre de 2018, la constructora solicitó la resolución del contrato al haberse superado los ocho meses acordados en uno de los artículos del pliego de condiciones, petición que fue desestimada por la propia administración. Sin embargo, días después el Ayuntamiento acordó iniciar expediente de resolución del contrato, pero en base a otros motivos jurídicos.

La adjudicataria entendía que ambas resoluciones eran contrarias a derecho, en base no solo al pliego en cuestión, sino también a la propia ley de contratos del sector público. Y el juez, que además impone las costas procesales a la administración, considera que la solicitud de SIEC es ajustada a derecho.

«Lo cierto es que entre la suspensión y la solicitud de resolución ha transcurrido el plazo previsto en el pliego, no consta revocación alguna de la suspensión por lo que, no siendo responsable de la misma, su solicitud de resolución de 31 de octubre de 2018 tiene la cobertura jurídica pretendida, es ajustada a derecho y procede estimar el recurso», señala el fallo.

Cabe recordar cómo el juzgado anuló en abril la multa de 46.000 euros que el Ayuntamiento había impuesto a la constructora tras el incendio. El juez concluyó en esa ocasión que la empresa no incumplió ninguna medida de seguridad ni desactivó el sistema de detección de incendios sin conocimiento ni autorización de la Administración.