![El Ayuntamiento dice a las familias del IES Cantabria que la gasolinera cumple la ley](https://s2.ppllstatics.com/eldiariomontanes/www/multimedia/202205/10/media/cortadas/73439061--1248x764.jpg)
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Desde que la pasada semana las familias de los alumnos del IES Cantabria, en La Albericia, tuvieron conocimiento de la construcción de una gasolinera en el solar anexo al instituto pusieron el grito en el cielo. Y sin pensárselo dos veces, comenzaron a buscar soluciones ... para intentar paralizar las obras. La Asociación de Padres y Madres (AMPA) inició una recogida de firmas. También solicitaron una reunión tanto con el Ayuntamiento de Santander como con la Consejería de Educación y FP.
El Consistorio respondió a la solicitud de las familias y ayer tuvo lugar el encuentro entre Gabriel Moreno, portavoz de la asociación, y Gema Igual, alcaldesa de Santander, Javier Ceruti, concejal de Urbanismo, César Díaz, concejal de Fomento, y Antonio Bezanilla, director general de Urbanismo. Una charla que duró casi dos horas y que Moreno califica de «tensa e intensa».
«Todas las partes implicadas están de acuerdo con las familias en que la obra de la gasolinera no se debería realizar en la parcela anexa al centro educativo. Sin embargo, insisten en que la licencia de obra se ha concedido siguiendo el procedimiento legalmente establecido y en base a los informes que han ido recopilando», detalla.
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Un argumento que desde la AMPA «nunca hemos cuestionado. Somos conscientes de que puede ser legal, pero apelamos a una cuestión de moralidad. Las normas están escritas y las leyes se pueden interpretar».
De la reunión, Moreno entiende que «ahora la mismo la única vía abierta que tenemos las familias es poner una demanda en el juzgado para así paralizar la obra y poder solicitar medidas cautelares. Por supuesto asumiendo los gastos nosotros», explica el portavoz.
Por su parte, el Consistorio se compromete a revisar el expediente administrativo completo de la obra «por si existe algún indicio que pueda presuponer la revisión del mismo y el Ayuntamiento, de oficio, pueda paralizar la construcción de la gasolinera».
Los afectados buscan que, dentro del expediente, estudien con detalle la comprobación ambiental, que emite la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno regional y que esta regulada por la Ley 17/2006 de Control Ambiental. Aunque, desde el principio han sido conscientes «de las dificultades de que esto se produzca una vez se ha concedido la licencia».
El representante de las familias cree que si todos los afectados llegan a un acuerdo utilizarán la herramienta legal. «Pagaríamos los servicios de un letrado para iniciar la demanda. A ver si de esta forma conseguimos que se paralicen los trabajos y ganamos tiempo para revisar tranquilamente los expedientes. Nosotros no perdemos la esperanza», sentencia.
Moreno cree que una cuarta gasolinera en la zona «es totalmente innecesaria». Sobre todo teniendo en cuenta que en las inmediaciones del instituto se pueden localizar otras tres estaciones de servicio. «Con la última que se construyó cerca de la autovía no dijimos nada, pero esta se encuentra justo al lado, concretamente entre la marquesina del autobús y la puerta de acceso al instituto», refleja. Y es que los problemas para los estudiantes han llegado antes de la apertura de la gasolinera. La pasada semana decenas de ellos tuvieron que salir del centro esquivando a los camiones que entraban y salían de la zona de obras.
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