El Ayuntamiento de Santander retira el arma y aparta de la calle a quince policías locales que todavía no lo son

Según ha podido saber este periódico, esta decisión, de consecuencias legales imprevisibles, se ha producido ante la posibilidad real de que los afectados fueran formalmente acusados de un delito de tenencia ilícita de armas al que han estado expuestos durante estos meses en los que han salido a patrullar uniformados y, lo que es peor, armados, sin haber obtenido todavía el reconocimiento legal que les debe acreditar como agentes de la autoridad. Dicho de otro modo, una mala interpretación de las leyes vigentes ha terminando provocando que, entre los meses de febrero y mayo, haya habido un total de quince ciudadanos de a pie a todos los efectos patrullando las calles de Santander con el uniforme y el arma reglamentaria de la Policía Local.

Grotesca, la situación afecta a quince aspirantes, sólo eso, aspirantes, a agentes de la Policía Local pertenecientes a la última promoción, salida de las oposiciones celebradas en el mes de diciembre.

Todos ellos participaron en febrero en un curso de tiro impartido en el cuartel de la Guardia Civil de Cantabria por instructores homologados, un ejercicio que formaba parte de su adiestramiento como futuros agentes de la Policía Local.

Según relata el concejal de Policía del Ayuntamiento, Pedro Nalda, unos días antes, a finales de enero, el jefe de Policía Local, Gustavo Zabala, emitió un informe en el que pedía al Ayuntamiento autorización para entregar las armas reglamentarias a los asistentes.

«Era un informe que él avalaba con su firma como jefe de servicio y al que la junta de gobierno no se opuso porque la junta de gobierno nunca toma acuerdos contrarios a informes que hayan sido emitidos por un jefe de servicio técnico», explica a este respecto el concejal. «Si un jefe de servicio dice sí, nosotros no decimos no».

Con el visto bueno del Ayuntamiento, Zabala, que en aquel informe consideraba que la participación de los aspirantes en el curso de tiro era una garantía suficiente para armarles y sacarles a la calle, procedió entonces a entregar las armas a los quince funcionarios en prácticas, que, en febrero, comenzaron a patrullar las calles de la capital uniformados y armados.

A mediados del mes de marzo, «la Delegación del Gobierno en Cantabria envió un escrito al Ayuntamiento solicitando información sobre ese escrito en el que se autorizaba a la entrega de las armas», escrito que el Consistorio santanderino remitió convencido de que la decisión adoptada era conforme a la normativa vigente.

Pero hete aquí que a finales del mes de abril, «la Delegación del Gobierno nos envió un requerimiento para que retiráramos las armas a estas personas».

La razón, un informe emitido por la Abogacía General del Estado, luego apoyado por otro de la Dirección de Justicia del Gobierno regional y después respaldado por un tercero de la Guardia Civil, en el que se avisaba de una posible irregularidad. El acto de entrega del arma reglamentaria a un agente de policía local sólo puede realizarse una vez que este concluye (y supera) el curso de formación que debe realizar en la Escuela Regional de Policía Local, un paso que ninguno de los quince ha dado todavía.

Sorprendido, el Ayuntamiento, que en su momento dio el visto bueno al informe emitido por Zabala, puso la documentación en manos de los servicios jurídicos municipales, que, tras estudiar el dossier, emitieron su propio informe pidiendo la retirada de las armas a los aspirantes hasta que estos no concluyan el curso de formación previo a su entrada en servicio.

En la hora de las responsabilidades, la Abogacía General del Estado, la Dirección de Justicia del Gobierno regional y la Guardia Civil vienen a decir en sus demoledores informes que el jefe de la Policía Local de Santander cometió un error a la hora de entregar las armas reglamentarias a esos funcionarios y que el Ayuntamiento de Santander cometió otro al dar luz verde a la solicitud de Zabala.

Una cadena de errores que ha conducido a una surrealista situación en las calles de Santander, donde, durante los últimos cuatro meses, ha habido 15 ciudadanos de a pie (eso son en cuestión de autoridad en tanto no superen el curso de formación que deben realizar para ser policías locales de todo derecho) patrullando con uniforme y pistola y expuestos cada día a ser detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

Armas que hoy mismo, sin tardar, deberán depositar en jefatura, donde conocerán el incierto futuro que les aguarda hasta que superen el curso de formación.