El PSOE tacha de «extrema gravedad» que se autorizase la entrega de armas a policías de Santander en prácticas

En el mismo sentido, Casares advierte de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito y exige toda la información y que «se depuren todas las responsabilidades ante estas irregularidades».

«La irresponsabilidad es manifiesta y es urgente que el PP dé todas las explicaciones y ponga encima de la mesa toda la información porque hay que conocer toda la verdad de este hecho que es muy grave», ha insistido el líder socialista. Casares ha señalado que «el equipo de gobierno ha sido durante meses requerido a resolver y subsanar esta situación irregular y ha mirado para otra parte». «Desconocemos si lo ha hecho por imprudencia, por irresponsabilidad o simplemente por evitar que un nuevo escándalo les salpicara en medio de la campaña electoral», ha criticado.

Por todo ello ha denunciado «la mala praxis del PP que fue advertido por la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno en Cantabria y por Informes de la Abogacía del Estado y ha dejado pasar el tiempo hasta después de las elecciones municipales».

La orden de retirar el arma reglamentaria a estos quince agentes llegó dictada por la Delegación del Gobierno en base a un informe emitido por la Abogacía General del Estado y avalado por el Gobierno regional y la Guardia Civil. En realidad se trataba de agentes en prácticas que aún no tenía formalmente el titulo, lo que les situaba como simples ciudadanos portando armas reglamentarias.

De hecho, Casares ha apuntado que los 15 policías en prácticas no tienen todavía la condición de funcionarios de carrera y por tanto no se encuentran en situación de servicio activo, y tampoco, como expresa la legislación vigente, pueden portar armas en acto de servicio.

Por último, Casares ha lamentado que la alcaldesa, Gema Igual, y el PP «hayan puesto una vez más sus intereses personales y partidistas por encima de los intereses de los santanderinos».

Para el CSIF los agentes «no tienen ninguna responsabilidad en todo lo sucedido». En un comunicado, el sindicato ha repartido posibles responsabilidades entre el Consistorio, que es quien ostenta «la jefatura superior de todo el personal a su cargo»; la Jefatura de la Policía Local de Santander, que es el «mando directo y máximo responsable de la organización del cuerpo»; y el Gobierno de Cantabria, de quien depende desarrollar la normativa que regule el funcionamiento de las policías locales.

En este sentido, el sindicato ha criticado que el Ejecutivo regional «no sea capaz de desarrollar una normativa actual para que este hecho no quede en un limbo legal». Así, ha explicado que los nuevos agentes están en situación de administrativa de «funcionarios en prácticas» y están así a la espera de que la Escuela Regional de Policías, competencia del Gobierno regional, realice el pertinente 'Curso Básico de Formación' para todos los nuevos agentes locales de la región.

En este sentido, el sindicato ha criticado que la Escuela Regional solo organice «un curso básico anual para todos los policías locales de nuevo ingreso de la región» y que es «indispensable» para el desempeño de las funciones de policía.

«El de 2019 está previsto para finales de septiembre del presente año, por lo que los policías de toda la región cántabra que aprueben la oposición deben esperar hasta que éste de su comienzo. Se les permite, mientras tanto, estar en las calles, sin formación alguna, con el riesgo que esto conlleva, no solo para los agentes sino también para los ciudadanos» y, por ello, CSIF ha exigido «una formación de calidad en el tiempo que se requiere».

Al respecto, ha instado al Ayuntamiento de Santander a exigir al Gobierno de Cantabria la realización de este curso y es que, en el caso de los 15 policías en formación a los que se les ha tenido que retirar el arma por no tener ese curso, se trata de agentes que «superaron su proceso selectivo en noviembre de 2018».