El Ayuntamiento de Santander insiste en que la resolución del contrato de basuras solo busca «garantizar el mejor servicio»

El ayuntamiento insiste que todo este procedimiento es para «garantizar el mejor servicio a los santanderinos» y aprovecha para volver a denunciar el estado de las calles y las quejas de los vecinos, respaldado todo ello por los informes técnicos y de fiscalización en los que se basa el inicio del proceso de resolución -que no de rescisión, insiste- del contrato, es decir su conclusión antes de la fecha firmada.

La respuesta a la rueda de prensa dada hoy por Santiago Díaz resalta que el pliego de condiciones que rigió la licitación de este contrato en ningún caso rebajaba la calidad de sus prestaciones, como se justifica el Grupo Sadisa, sino que, por el contrario, «contemplaba, entre otros, el aumento de medios mecánicos a disposición junto a mejoras tecnológicas de los mismos tanto en recogida de residuos urbanos, como en recogida selectiva, limpieza viaria, limpieza de playas y contenerización».

El Ayuntamiento explica que la licitación se produjo en el año 2012, «en un contexto de grave crisis económica» y por eso la cuantía del contrato fue un 10% inferior al anterior aunque se planteó una mayor duración del para reducir costes de amortización de maquinaria y la posibilidad de amortizar jubilaciones, «actuando así de forma responsable y exigiendo los mismos niveles de calidad». En este sentido, destaca que ASU-Geaser «rebajó de forma voluntaria el 10% el precio de licitación (de 19,4 a 17,5 millones de euros) y ofertó mejoras con respecto a las del contrato anterior».

El Consistorio también ha puntualizado que la oferta presentaba un plan de amortización de 52 puestos y no de 60, lo que, en el plan de viabilidad de la empresa, implicaba un ahorro de aproximadamente un millón de euros al año.

En cuanto al personal, precisa que una de las penalizaciones impuestas en el año 2015 se corresponde con la intención de la empresa de incluir entre los trabajadores a subrogar 9 puestos que tenía la obligación de cubrir para la gestión del servicio pero que «corresponden a la propia empresa y, en ningún caso, se puede imputar al contrato municipal».

Respecto al control del contrato, el Ayuntamiento ha aclarado que los expedientes sancionadores se empezaron a gestar en el año 2017, en base a los informes que realiza la empresa de control de calidad, y que, fruto de ese trabajo previo, es en mayo de 2019 cuando se le comunica a la concesionaria del contrato para que puedan presentar alegaciones.

«Cada uno de los 21 expedientes se corresponde con un incumplimiento contemplado en el pliego», pone de relieve el Ayuntamiento que recuerda que el pliego del contrato reconoce que la acumulación de expedientes puede dar lugar a su resolución del mismo, sin que sea preceptivo que los incumplimientos estén considerados como muy graves.

En este sentido, el Consistorio ha dejado claro que se ha tratado de garantizar en todo momento la calidad del servicio y que «estos mecanismos de control han derivado en multas, sanciones y descuentos en las facturas y finalmente en el inicio del expediente de resolución, tras los numerosos y sistemáticos incumplimientos del contrato que no han sido subsanados en este tiempo».

Finalmente, el ayuntamiento aclara que el expediente iniciado es de resolución y no de rescisión, puesto que los matices legales son diferentes y plantean otras connotaciones. Entre ellas, que la rescisión se declara judicialmente pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato, mientras que los de la resolución se retrotraen al momento en el que se produce la causa que lo motiva.