Santiago Díaz carga contra Igual por su decisión sobre la recogida de basuras y «llegará hasta el final»

El empresario cargó contra lo que entiende es «un tiro en la nuca» para su empresa y también contra las formas de la alcaldesa, Gema Igual. Sin aviso y con un anuncio cargado de «dramatismo». Además, Díaz asegura que todas las partidas que se achacan a su empresa como incumplimientos por parte del Interventor (y que suman algo más de siete millones) parten «de una interpretación sesgada del pliego y del contrato, que no da lugar a la rescisión». Y más. A su juicio, el «déficit de limpieza» de la ciudad se debe «al pliego de condiciones y al contrato diseñado» por el «PP para ahorrar dinero al Ayuntamiento». «Dieron un recorte a un contrato de un servicio histórico», que cifró en 42 millones en diez años. «Esta es la única razón por la que la ciudad cuenta en la actualidad con sesenta operarios menos para que limpien sus calles«. Y puso un ejemplo: «El 70% de Santander ha pasado de tener barrenderos todos los días a dos días por semana».

Díaz no suele hablar mucho. «Estoy desentrenado en esto desde nuestra separación del mundo del fútbol (controló el Racing durante años) y, desde entonces, hemos procurado tener poca presencia pública». Por eso, su convocatoria despertó un notable interés (tanto entre los medios como en el propio Ayuntamiento). Y no se anduvo con rodeos. Empezó explicando que se enteró de la decisión «cuando la alcaldesa estaba dando ya su rueda de prensa». «Sin comunicación previa ni en los veinte días anteriores en los que hemos estado hablando de estos temas» («nos han tomado el pelo», añadió poco después). No hubo aviso ni diálogo sobre una determinación con «consecuencias duras» y «repercusiones reputacionales» para su empresa.

A partir de ahí, fue desgranando sus argumentos. Tras recordar que sus compañías ejercen la labor del servicio de basuras «desde hace 26 años», se detuvo en el «tercer contrato». El actual. «Voy a explicar -dijo- cómo se ha llegado al déficit de limpieza» del que se habla. De entrada, relató que el precio de licitación era «un 14% más bajo» (una rebaja del 10% y una revisión de los últimos años que suponía un 4% adicional «y que se omite»). A esto añadió que tres de las aspirantes a hacerse con el servicio (la suya y dos más) presentaron una oferta con un 10% de rebaja sobre ese precio. «Así que el Ayuntamiento rebajó un 24% y se ahorraba 4,2 millones de euros anuales» (42 en diez años). «Las otras empresas planteaban un ERE el primer día. Nosotros optamos, para no hacer una sangría en el personal, por ir amortizando con jubilaciones y no reponiendo». Sería la introducción de maquinaria y tecnología la que trataría de amortiguar el golpe. Así, habló de dos rutas de barredoras, «pero las máquinas no vacían papeleras ni limpian alrededor». Fue ahí cuando dio el dato de la menor frecuencia del paso de barrenderos por el 70% de la ciudad. «Hemos planteado soluciones desde 2016 con más trabajadores, pero han sido rechazadas». La responsabilidad, a su juicio, «del pliego» y del «recorte» del PP.

Luego abordó las sanciones. Admitió como «justas» las recibidas en 2014 por un retraso en la entrega de maquinaria comprometida. «Como vivimos en la economía real («y no juego con el dinero que parece que no es de nadie», dijo en varias ocasiones), en ese año estábamos en plena refinanciación. Debíamos tener una maquinaria nueva en una fecha y la situación económica no nos lo permitía. Lo retrasamos, pero seguimos prestando el servicio con maquinaria propia y fue justo que nos quitaran la parte de amortización de esa maquinaria». Se pagó y el asunto «fue historia». A eso añadió otra sanción «irrelevante» por subrogar personal «en exceso, no en defecto». «Subrogamos más del que correspondía y nos sancionaron». Pero más allá, Díaz describió una situación que «nada tiene ver» con lo mostrado por el Ayuntamiento y con su «interés en juntar todo para no evidenciar la realidad». «Que de 2014 a 2109 no hubo ningún expediente» y que las 21 notificaciones posteriores («ninguna considerada muy grave») llegaron el 27 de mayo de 2019, «el lunes después de las elecciones municipales». Más aún, según explicó, de estas 21, quince son «idénticas». Por un único motivo, el mantenimiento de los contenedores. «Han abierto un expediente por cada línea. También podían haberlo calculado por calles o por contenedores y abrir 3.500, pero es el mismo. Podrán evaluar si es más o menos grave, pero no son 21 expedientes, porque quince son el mismo». Así que resumió las sanciones en tres en 2014 y siete en 2019. Con un «salto» por el medio.

Siguiendo su esquema, se centró en el informe del Interventor (aunque, afirmó, aún no se lo habían trasladado ni tampoco los «cinco o seis» documentos de otros departamentos a los que hace mención). Empezó con lo relativo al personal. Tres millones de euros, según se fija en el estudio por los presuntos incumplimientos. «Mi mayor indignación por la frivolidad y el desconocimiento de la realidad con el que se trata». Explicó que el interventor parte para sus cálculos iniciales de la plantilla a subrogar en el arranque del contrato «de un listado de dos años antes», tomado en verano (agosto, con personal de playas, eventuales...). Además insistió en su propuesta de ir amortizando puestos con el paso de los años en lugar de presentar un ERE. «Ese personal que dicen que nos falta o le escondimos en algún lado o lo dejamos en el limbo o nos pusimos de acuerdo con el comité de empresa», ironizó. En este sentido, cuestiona el criterio del interventor («muy cuco», definió) porque quiere decir que «nos han pagado esos tres millones» y «el personal por el que han pagado es el que tengo». «¿Cómo me van a detraer algo que no me han pagado?», se preguntó. «Y no he visto a ningún concejal preguntando por estos temas mientras firmaban las facturas». También cuestionó los supuestos incumplimientos en cuanto a maquinaria, achacando lo que se le exige a vehículos o máquinas que «se reconoce que están, pero no saben a qué parte del servicio asignar». De ahí saldría, dijo, una cantidad que se les reclama por «los consumos de esa maquinaria no asignada».

En conceptos de publidad -«hacemos exactamente lo que nos manda el Ayuntamiento»-, dotación de playas o papeleras defendió que las inversiones deben computarse al final del contrato y ver si se han cumplido o no, porque no en todos los años son uniformes. «Y para eso hay una fianza de ocho millones de euros».

En mayor medida se detuvo en los reproches respecto a los incumplimientos en cuanto a su plataforma de gestión y a las consecuencias a la hora de revertir datos en la plataforma de la Smart City. El interventor expresa ahí que las deficiencias en esa plataforma dificultaron el control sobre la empresa y tuvieron consecuencias, después, en una deficiente información para la ciudad inteligente. Que incluso se pagó por una tarea durante años por algo que no pudo hacerse hasta 2017, fecha en que estuvo disponible la plataforma Smart City para volcar los datos. Díaz expresó que el funcionario municipal obvia «un informe de la Dirección General de Innovación del año 2016 reconociendo gastos superiores a los que se señalan en otros temas necesarios». Según expresó el empresario, el por entonces responsable de Innovación certificaba «que estaban haciendo las cosas bien y de forma correcta». Ahí entró además Rubén Varela, gerente de la UTE y responsable de servicios. Él intervino para aclarar el papel de la UTE y el de la empresa que les suministraba las herramientas para su plataforma (NEC, que es a la vez una de las que figura como concesionaria del proyecto Smart City, lo que el interventor puso de relieve para mostrar su extrañeza por los incumplimientos). Varela, en resumen, explicó que ellos (con NEC) hicieron durante 2014 y 2015 los trabajos que les fueron mandando (y las consiguientes inversiones) y que esa tarea fue validada por el informe de 2016. «Y luego hubo cambios en los sistemas de control y el Ayuntamiento nos dice que no es lo que se necesita». La UTE argumenta que ellos habían hecho lo que les exigían, que «NEC no trabaja gratis» y que «si quieren que nos adaptemos cuando ya habíamos hecho la inversión, tendrían que pagarla». «Sólo se quejaban. Y no pueden pedir una sobreinversión a una empresa que ya había cumplido con lo que le exigían en los primeros años».

Con todo, la rueda de presa dio para más. Díaz salpicó la intervención de comentarios. Habló de «tristeza» como empresario y de «una barbaridad» de decisión «no propia de un Ayuntamiento serio y maduro». «Voy a tener menos amigos en el Ayuntamiento, y ya tenía pocos». Se preguntó si los 42 millones de ahorro se han reflejado en la factura del ciudadano («que debe pagar por lo que vale el servicio») y dejó en el aire que, si el contrato se cumple (finalizaría en agosto de 2023), no sería la actual Corporación la que se ocuparía de adjudicarlo. Y más aún. Se refirió a «cuestiones políticas o de otra índole que desconoce» para justificar las decisiones y le recordó al Ayuntamiento «que esto les iba a costar mucho dinero» porque él llegará «hasta el final». «Como ciudadano no me siento bien representado».

Por último, no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer referencia a los trabajadores. Primero porque «ninguno tiene una peseta endeudada». Y, después, porque al acusar a la empresa del déficit de limpieza, es «como decir a mi personal que de repente se han vuelto tontos y no saben limpiar». «A mí eso me humilla». ¿Y por qué aceptaron entonces ese contrato?, le preguntaron. «Yo soy un contratista. El pliego de condiciones es el que define el criterio y lo que me dicen es lo que yo oferto». Puso un ejemplo: «Si tú tienes dos personas que te limpian la casa y de repente me dices que sólo quieres una ya sabes que la casa no va a estar igual de limpia, aunque pongas una aspiradora más potente».

«Me estoy mordiendo la lengua porque tengo muy mala leche con este tema». Eso lo dijo poco antes de su frase final (con la que arranca este texto). Lo de «tengo la certeza de que vamos a pelear en todos los ámbitos e iremos aumentando la munición en función de cómo transcurra el juego, porque hay mucha más y los ayuntamientos son muy grandes». ¿Puede ampliar a qué se refiere?, se le cuestionó. «No». Y ahí acabó la rueda de prensa.