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El Ayuntamiento de Santander lleva año y medio sin contrato de mantenimiento de los dieciocho itinerarios mecánicos que hay en Santander. Y así seguirá hasta ... que concluya el proceso de licitación del nuevo concurso, publicado el pasado enero. La empresa TK Elevadores, adjudicataria del servicio hasta septiembre de 2023, trabaja desde entonces sin contrato tras rechazar la prórroga. Eso sí, «de mutuo acuerdo» con el Consistorio. Sin embargo, según ha podido saber El Diario Montañés, la firma se ha seguido haciendo cargo de las reparaciones necesarias durante este tiempo, que se han abonado mediante facturas. Unas facturas que, como mínimo, han supuesto 314.000 euros y que se refieren al mantenimiento de enero a mayo y de agosto a octubre de 2024. Estas se pagan aludiendo a la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito y se aprobaron en diferentes sesiones de la Junta de Gobierno Local.
Es esta misma empresa la única licitadora que opta al nuevo contrato de mantenimiento de las escaleras, por un presupuesto de 4,9 millones de euros y un plazo de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo por un año más. Una cuantía que duplica a la de la anterior licitación. En 2021, el presupuesto base anual era de 597.639 euros, es decir, 1,19 millones por dos años –lo que duraba–. En el de este año, el presupuesto de licitación para dos años asciende a 2,45 millones de euros. Aunque hay que tener en cuenta que se incluye una partida económica para la sustitución integral de elementos mecánicos y una página web y una aplicación que informe en tiempo real sobre el estado de cada uno de los itinerarios.
Esta noticia se da a conocer en un contexto en el que los itinerarios de Santander están en el punto de mira de los vecinos por los continuos fallos que presentan en sus tramos. De hecho, en enero, El Diario Montañés recorrió los dieciocho que hay repartidos por la ciudad y once presentaban fallos en alguno de sus tramos.
Lo que explica ahora el Ayuntamiento es que se tomó la decisión de no prorrogar el contrato, a pesar de que podía, porque «en un plazo aproximado de un año» el Consistorio iba a tener «un nuevo contrato». «Se trataba de un tiempo reglado en el que se iban a redactar unos nuevos pliegos con mejoras con respecto al contrato anterior. Además, la empresa nunca ha dejado de prestar el servicio». Sin embargo, han pasado dieciocho meses desde que la empresa trabaja sin contrato.
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Además, la Ley de Contratos prevé una prórroga especial en su artículo 29.4. Esta se refiere a los casos en los que no se haya formalizado un nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación que realiza el contratista y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación. Entonces, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo con las siguientes condiciones: por un plazo máximo de nueve meses, sin que se modifiquen las condiciones del contrato y siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.
Precisamente ayer, el portavoz del PRC en el Ayuntamiento, Felipe Piña, denunció que de las 120 cámaras de vigilancia ubicadas en los itinerarios mecánicos de la ciudad, «solo están en funcionamiento 46». «Es totalmente inaceptable». Una situación, comentó Piña, a la que se suman «constantes roturas y averías que sufren a diario los itinerarios y que afectan gravemente a la movilidad y seguridad de los ciudadanos». Por eso, «exigirá» explicaciones en el próximo Pleno sobre los motivos por los que no funcionan las cámaras. «Queremos saber por qué se permite esta situación y cuáles son las medidas que se van a tomar para corregir este panorama».
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