El Ayuntamiento solicitó la cesión del Rema el 1 de octubre al Ministerio de Transición Ecológica

«Si el Ministerio o la Demarcación de Costas ha iniciado los trámites para derribar el edificio ha sido por una decisión, política o técnica, eso no lo sabemos, y sin previo aviso al Ayuntamiento», ha asegurado en un comunicado.

Según ha remarcado, actualmente no existe ninguna razón urbanística que obligue al derribo del edificio sino que, por el contrario, se ha informado a Costas de que puede llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento inicialmente previsto, «que es perfectamente compatible con el planeamiento municipal», según la edil.

Rojo ha lamentado que en Costas «ni siquiera hayan esperado» para iniciar el procedimiento de licitación del derribo a que transcurriera el mes «que ellos mismos habían impuesto» como plazo para recibir la respuesta a su consulta del 3 de febrero sobre si el proyecto básico de reparación y mejora del Rema que sirvió de base para la tramitación de la concesión resulta compatible en este momento con el planeamiento municipal. Este plazo acabó el 3 de marzo y el 25 de febrero se envió el anuncio para licitar los trabajos.

«Quien no ha cumplido con su obligación de mantener el edificio en condiciones de salubridad ni ha llevado a cabo la limpieza que se le ha requerido por parte del Ayuntamiento ha sido la Demarcación de Costas, a la que ningún trámite urbanístico que esté o no en marcha exime de esta obligación, como ocurre con cualquier otro propietario de solares o locales en el municipio», ha añadido.

Rojo ha recordado además que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha solicitado en varias ocasiones mantener una reunión con la ministra del área, Teresa Ribera, para analizar todas las cuestiones de su departamento, pero 8 meses después, aún no ha tenido ocasión de mantener un encuentro con ella para poder trasladarle personalmente tanto este caso como otros tales como «espigones, rellenos de las playas, abastecimiento de agua, etcétera».

«Pedimos al Ministerio que no eche balones fuera ni trate de culpar de sus decisiones a otras administraciones, que informe y explique públicamente los pasos que está dando y los motivos por los que tiene intención de derribar el edificio Rema, haciendo así oídos sordos a la petición que le ha trasladado el Ayuntamiento para que autorice su cesión», ha añadido la edil, que ha pedido «responsabilidad y que se cuente la verdad». «Y la verdad es que el Ayuntamiento ha solicitado la cesión del Rema y ha modificado el Plan General para que pueda acometerse su acondicionamiento», ha recalcado.

Rojo ha dado cuenta además de los trámites realizados en relación a este edificio. Según ha detallado, en el pleno del 29 de abril de 2019 se aprueba provisionalmente la modificación del PGOU para edificios fuera de ordenación y el régimen de obras que se permite llevar a cabo.

El 31 de mayo, Costas remite un escrito al Ayuntamiento en el que dice que ha tenido conocimiento de la tramitación de dicha modificación puntual y solicita que se le informe si cuando se apruebe se podría llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento del Rema como bar-restaurante. La modificación se aprueba en el pleno del 29 de agosto.

El 21 de agosto de 2019, el Ayuntamiento, a través del servicio de Salud, incoa expediente a la Demarcación de Costas, por denuncias de vecinos, por la insalubridad del Rema. En respuesta, Costas presenta un escrito de alegaciones en el que manifiesta que no ha recibido respuesta a su consulta sobre si la modificación del PGOU haría posible llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento del edificio.

En contestación a estas alegaciones, se responde el 27 de diciembre a la Demarcación que la modificación puntual del PGOU ha entrado en vigor, tras su publicación en el BOC el 18 de septiembre, de forma que quedan eliminados los obstáculos urbanísticos que se encontraron en el anterior proceso de concesión. En esa misma resolución el Ayuntamiento ordena la limpieza del inmueble en un plazo de un mes, requerimiento que la Demarcación de Costas no cumple.

El 3 de febrero de 2020, Costas responde que, con esta contestación se atiende a la primera parte de su consulta sobre la modificación del PGOU, pero no a la concreta sobre si el proyecto básico de reparación y mejora del Rema que sirvió de base para la tramitación de la concesión resulta compatible en este momento con el planeamiento municipal y establece un plazo de un mes para que el Ayuntamiento emita informe.

El servicio de Obras solicita este informe el 5 de febrero al servicio de Arquitectura, que lo emite el 28 de febrero, considerando que el proyecto básico de reparación y mejora resulta compatible con el planeamiento municipal.

La Demarcación de Costas no espera el mes que marcó como fecha al Ayuntamiento para contestar (el plazo acabaría el 3 de marzo) y el 25 de febrero envía al Boletín Oficial del Estado el anuncio para licitar el derribo.

Mientras tanto, el 28 de septiembre de 2019 se aprueba por unanimidad en el pleno una moción del PRC por la que se insta al equipo de Gobierno a solicitar a la mayor brevedad posible al Ministerio para la Transición Ecológica la cesión del Rema. El 1 de octubre de 2019 se da traslado al Ministerio para su constancia y a los efectos oportunos de la moción aprobada por el Pleno.

Por otra parte, el PRC de Santander ha urgido al equipo de Gobierno a que ponga en marcha cuantas medidas sean necesarias, incluida la judicial, para paralizar el derribo del Rema y ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria de una comisión, con técnicos jurídicos y de urbanismo, ante lo califican de «negligencia política».

El portavoz regionalista, José Maria Fuentes Pila, ha mostrado su «total indignación» por el desconocimiento de una serie de comunicaciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica al equipo de Gobierno insistiendo «desde hace cuatro años» a la necesidad de que procediera a una modificación puntual del PGOU «previa» si quería la cesión de este inmueble.

Ante este «revés», que ha tildado de «total engaño» para los santanderinos y de «fraude a la voluntad plenaria», el regionalista ha solicitado la «inmediata» convocatoria de una comisión con técnicos jurídicos y de urbanismo con toda la información disponible en cuanto a las comunicaciones habidas entre Ayuntamiento y Demarcación de Costas, y que dé lugar a la elaboración de un informe que aclare todo lo sucedido.

«Queremos saber si realmente hemos sido víctimas todos los santanderinos de una deliberada ocultación de información o de un conflicto entre administraciones» que conllevará que el acuerdo plenario sea vea vulnerado, ha señalado.

«Si han estado callados (el responsable de Urbanismo, Javier Ceruti, y el de Fomento, Cesar Díaz) a sabiendas de la necesidad de esta modificación previa es de una auténtica incompetencia, síntoma de que realmente no existe una voluntad real de mantener y conservar un elemento identitario de la ciudad de Santander como es este edificio», ha considerado, por lo que los regionalistas exigirán responsabilidades ante esta nueva «tomadura de pelo».