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El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, denunció ayer que la documentación histórica franquista depositada por la Concejalía de Cultura en una nave en Candina no volverá al Archivo Municipal. El Ayuntamiento, dijo, «los ha calificado como documentación no relevante para la ciudadanía ni para la Administración» y «ha solicitado por carta a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria que se haga cargo de todos ellos. Todo esto demuestra las mentiras y el desinterés del PP».
La propia concejala de Cultura, Miriam Díaz corroboró ayer este extremo: «Se ha trasladado a la Consejería de Cultura una petición para depositarlos en dependencias de la Biblioteca Central, después de elaborar todos los informes pertinentes, que se trasladarán a la oposición en la próxima comisión». Y añadió que «querer hacer ver que pretendemos destruir los documentos es el absurdo de los absurdos».
Casares recordó que la documentación del Archivo Municipal «fue entregada a una empresa privada para su traslado y conservación durante las obras en esta dependencia, salvo la documentación de la época franquista, que fue a un almacén de Candina. Parte de la documentación volvió en febrero al Archivo excepto los documentos de la Dictadura» que «al día siguiente de la denuncia del PSOE fueron trasladados a un depósito en el Mercado de la Esperanza». Y Díaz explicó ayer que este traslado a los almacenes del mercado se ha realizado «por personal del Archivo, por orden de la Concejalía, y se ha puesto el hecho en conocimiento de la Consejería de Cultura». Y recordó que el depósito de los legajos franquistas en la nave de Candina no se hizo por orden suya.
El PSOE va a pedir la convocatoria extraordinaria de la comisión de Acción Cultural del Ayuntamiento para que la concejala «dé explicaciones claras» y comparezcan los responsables del Archivo Municipal. Para Casares, el Gobierno municipal «podría haber incumplido las leyes de Patrimonio y de la Ley de Memoria Histórica con este traslado, así como su obligación legal de custodia y consulta».
Casares considera que todo «este movimiento de documentos sin control son una prueba más de la posible intención de hacerlos desaparecer. No están catalogados ni inventariados. No existen a efectos oficiales y, por tanto, no se sabe cuántos fueron trasladados del Archivo a la nave en Candina y cuántos han vuelto». Para el edil del PSOE este hecho «es la muestra del desprecio absoluto de la concejala por el patrimonio y la historia de Santander, un capítulo triste y oscuro, años en que muchos santanderinos fueron perseguidos y castigados por sus ideas». Y recordó que los documentos «son informes policiales sobre santanderinos elaborados en la Dictadura y que contienen información sensible».
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