Ceruti se alía con la oposición para intentar echar abajo el contrato del PP con Apia para fiscalizar las basuras

Pero este movimiento no ha sentado bien ni a la oposición ni a Ciudadanos, con quien el PP comparte la gestión municipal. Por este motivo, oposición y Ciudadanos se han aliado en el Pleno, han rechazado este contrato y han exigido que la responsabilidad vuelva a recaer en Domínguez. En la votación, el Pleno ha aprobado -con los votos en contra del grupo de Gema Igual- instar al PP a que este control vuelva a la concejalía.

Por si fuera poco, la alcaldesa Gema Igual y Javier Ceruti se han enfrentado en público ya que, ante la «sorpresa» del de Ciudadanos, la regidora le ha espetado que la adjudicación se ha llevado a cabo en la Concejalía de Contratación, área de su competencia. Ante estas palabras, Ceruti ha replicado que Felipe Pérez Manso (el edil responsable directo) «no lo ha firmado, no nos han informado y se ha eludido nuestra participación».

La moción que se ha debatido al respecto sobre quién debe supervisar este contrato, presentada por los regionalistas, ha contado con las transaccionales del PSOE y de Vox. Los socialistas han añadido que se celebre una comisión urgente de Desarrollo Sostenible para que el PP traslade el expediente completo de esta contratación y Vox ha incluido que Domínguez vuelva a ser la responsable del control del contrato. También han pedido que se deje sin efecto la contratación de emergencia con WSP Apia, que se emitan informes mensuales sobre el cumplimiento del servicio de basuras y que se censure al presidente de la comisión de Desarrollo Sostenible, César Díaz, por no informar sobre este acuerdo de emergencia en la última reunión.

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La concejala popular de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha asegurado que el equipo de gobierno ha actuado «con absoluta transparencia» y ha facilitado «toda la documentación». Además, ha afirmado que la responsabilidad de la «supervisión provisional» del contrato se ha externalizado porque la anterior adjudicataria, Ascán, ha anunciado querellas contra tres funcionarios municipales, dos de ellos la responsable y la directora del contrato, por lo que se ha adoptado esta medida para «no perjudicar» ni a la Administración local ni a estas personas. Además, ha asegurado que la Ley de Contratos del sector público lo permite y que las conclusiones de la empresa llegarán al Ayuntamiento y serán fiscalizadas por el servicio de Intervención.