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El Ayuntamiento de Santander puede acceder a las instalaciones de Ascán para recuperar la maquinaria y los vehículos de recogida de basuras. Así lo ha indicado el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander, que ha concedido las medidas cautelares solicitadas ... por el Consistorio en la denuncia que este presentó contra la anterior adjudicataria del servicio de basuras, Ascán, el pasado 10 de noviembre.
Desde media mañana, dos coches de la Policía Local custodian la entrada de la calle en la que se encuentran las instalaciones y alrededor de una quincena de trabajadores de la empresa se concentran a la espera en las inmediaciones del polígono de Parayas. Se trata de conductores y mecánicos con carné para este tipo de vehículos. Una vez que se autorice la salida, está previsto que sean trasladados a las instalaciones de la antigua sede del TUS, en Cajo. Alrededor de las 12.30 horas, los primeros trabajadores han salido del recinto con la maquinaria más pequeña, entre ella los vehículos de menor tamaño que utilizan los barrenderos para limpiar las calles de la ciudad. Justo antes, la Policía Judicial de la Guardia Civil revisaba la documentación de los trabajadores, que mostraban su DNI, y daban el visto bueno para la salida de cada uno de los vehículos.
«La empresa nos ha llamado por teléfono a las diez de la mañana para avisarnos de que teníamos que venir a recoger los camiones, pero no sabemos cuándo terminaremos, parece que esto va para largo», comentaba este mediodía José Luis, trabajador del servicio de limpieza desde hace 36 años, ahora con Cespa, quien pasadas las doce del mediodía todavía esperaba su turno para entrar a las puertas de la nave.
En un auto fechado a este miércoles, el magistrado acuerda que miembros de la Guardia Civil, auxiliados por Policía Local de Santander, «accedan al interior de la nave de Ascán a fin de proceder a la incautación de los bienes que constan documentados en el atestado de la Policía Local, que se entregará como adjunto a la fuerza actuante».
En concreto, el Consistorio solicitó autorización para recuperar los bienes que constaban en el atestado de la Policía Local que se presentó junto con la denuncia ya que, según se argumentaba, estaban «afectos a un servicio público esencial que debe seguir prestándose por el Ayuntamiento de Santander en condiciones óptimas y con todas las garantías de calidad exigibles, a través del nuevo concesionario Cespa».
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Doce días después, pidió ampliar la medida cautelar solicitando la inmediata entrega y puesta a disposición del Ayuntamiento de la totalidad de la maquinaria y vehículos que aparecía en el listado adjunto a la petición.
A su juicio, con ello queda acreditado la «plena propiedad de todos los medios materiales afectados al servicio público» y va más allá, al considerar que, «existen indicios de antijuricidad penal en la conducta de la contrata Ascán-Geaser, que se ha apropiado de elementos cuya propiedad habría revertido al Ayuntamiento y que estarían afectos a un servicio público, trasladándolos por la brava a sus propias instalaciones».
Oído el Ministerio Fiscal, que no se ha opuesto a la medida cautelar, el juez se pronuncia admite que «concurre un relevante interés público en su adopción habida cuenta de que esta afecta a un servicio público esencial» que el Ayuntamiento «está obligado» a prestar, para los que resulta «imprescindible la recuperación de los efectos supuestamente distraídos».
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Por ello, sin perjuicio de lo que resulte en la posterior instrucción de la causa, concede la autorización judicial para que efectivos de la Guardia Civil «puedan entrar y acceder al local» propiedad de Ascán «a fin de recuperar los bienes que constan documentados».
El auto señala que el Consistorio «ha acreditado debidamente la propiedad» de esos bienes, ya que el pliego de prescripciones técnicas del contrato señalaba que «transcurrido el periodo de duración de la contrata, el Ayuntamiento pasaba a ser propietario en exclusiva de todos los medios materiales cuya amortización haya corrido a cargo del mismo».
Finalmente, subraya que la privación por parte de la empresa de diversos contenedores de aseo urbano y de toda la maquinaria y vehículos con la que se presta el servicio de basuras, hace que los efectos antijurídicos no afecten solo al patrimonio del Ayuntamiento, sino a un servicio público «especialmente relevante o esencial para la ciudadanía». Considera el juzgado que en la actuación de Ascán se ha producido, además, una intención de »entorpecer o dificultar gravemente la recogida de basuras, vaciando así de contenido el acuerdo del Ayuntamiento de 11 de octubre por el que se acordaba declarar resuelto el contrato administrativo por incumplimiento culpable del contratista», agrega.
Contra este auto cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días ante el propio Juzgado de Instrucción 4, y también de apelación, en cinco días, ante la Audiencia Provincial de Cantabria.
Si algo tenían en común los trabajadores que este jueves se reunían a las puertas de la nave de la antigua concesionaria eran las «ganas» de que se hiciese efectivo el cambio de maquinaria. «La diferencia entre unos camiones y otros no tiene color, es como conducir un panda o un mercedes», cuenta Andrés Riva, trabajador desde hace 34 años, quien admite que los vehículos que conducían con Ascán y que ahora utilizarán con Cespa, son «muchos más cómodos que los provisionales con los que trabajamos ahora».
A Javier Barquín, también empleado, este jueves no le dio tiempo a terminar su jornada para presentarse a tiempo en la nave. «He empezado a las cuatro de la mañana el turno y, como hay tanta basura por la ciudad, no he terminado a mi hora y he venido aquí directamente, veremos cuándo acabamos porque esto va lento...», explica mientras detalla que tuvo que ir a descargar el camión lleno de residuos y volver al servicio de la «inmensa» cantidad de cartón que había por recoger en su ruta del día.
Ascán-Geaser ha acusado al Ayuntamiento de Santander de haber actuado «de mala fe» en el proceso de entrega de la maquinaria de limpieza «aún no amortizada», porque «estaban peritando las máquinas para llegar a un acuerdo y a la vez había solicitado medidas cautelares para requisarla».
Así lo ha señalado en un comunicado el director general de la UTE, Rubén Varela, tras saberse que el juez autorizaba las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Santander contra la anterior adjudicataria del servicio de basuras. recogida.
Varela ha reiterado que la empresa «jamás ha actuado fuera de la legalidad» y que retiró los contenedores, «que son de su propiedad y excedían de la flota contemplada en el contrato, y aún no ha devuelto las máquinas porque faltan más de dos millones de euros para su amortización que está pagando la UTE». También ha insistido en que el conflicto «se resolverá en los tribunales» que serán quienes resuelvan.
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