Ceruti critica que «nadie movió un dedo» durante cuatro años para sancionar a la adjudicataria de basuras

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha denunciado este martes que durante cuatro, desde mayo de 2015 a mayo de 2019, cuando el Partido Popular «supo que no iba a gobernar en solitario», «nadie movió un dedo» para sancionar a la adjudicataria del contrato de basuras, la UTE Ascan Servicios Urbanos (ASU) Geaser, pese a los reiterados incumplimientos del contrato.

Ceruti quiere saber el «por qué» de este «agujero negro» y por eso este martes ha vuelto a reclamar una comisión de investigación pública de lo sucedido con este contrato, en el que «cuando se rasca un poco, van surgiendo noticias desconocidas, muchas de las cuales no están en el expediente administrativo». «Por eso insistimos en una comisión pública frente a la cerrazón del PP, que si fuera cierto lo que dice que ha hecho todo bien, estaría encantado de que se hiciera público».

El concejal se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el dictamen del Consejo de Estado que, según ha matizado, «no es que avale, es que pide» la incoación de la resolución del contrato.

El edil ha insistido en que durante más de cuatro años el Ayuntamiento «no tomó ninguna medida frente al incumplimiento del contrato, que ha sido ratificado por Intervención y previamente por los informes externos de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, a la que se encargó el seguimiento del contrato y que denunció los incumplimientos esenciales que ahora confirma el Consejo de Estado».

Según ha sostenido, «el único momento en que empieza a actuar el Ayuntamiento es cuando entramos nosotros en el Gobierno».

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, que ayer afirmó que «no ha sido un contrato pacífico» porque desde 2014 se incoaron procedimientos. Tras señalar Ceruti que «esto se explicaría mejor en una comisión de investigación», se ha remitido al informe del Consejo de Estado, que indica que en 2014, con el contrato «recién inaugurado», ya se detectan incumplimientos en personal y material, y de 2014 a mayo de 2015 se incoan cuatro procedimientos sancionadores avalados por los tribunales.

El portavoz de Cs ha señalado que a partir de mayo de 2015 «no hay ningún movimiento del Ayuntamiento en seguir exigiendo el cumplimiento del contrato que siguió siendo incumplido. Y no hay ninguna actuación más del Ayuntamiento hasta el día después de las elecciones de 2019, cuando ven que no van a poder gobernar en solitario; momento en que se inician nueve expedientes sancionadores».

«Ya choca que no se hiciera una continuidad en el seguimiento una vez que habían visto que incumplía al inicio la concesionaria, pero es que hay algo especialmente sangrante, que es que en febrero de 2018 la Fundación Leonardo Torres Quevedo pone encima de la mesa de los responsables municipales un informe que denuncia los incumplimientos esenciales confirmados por el Consejo de Estado, y hasta mayo de 2019 no incoan procedimientos sancionadores», ha denunciado.

Para el concejal, la «solución ideal» sería que la concesionaria aceptara la resolución y se procediera a la licitación «inmediata» de un nuevo contrato, ha indicado el edil, quien ha explicado que «hace semanas», Cs pidió avanzar en la redacción de los pliegos «y nos llevamos la sorpresa de que ya se estaban tramitando».

Y ha advertido que «queda tramitación por delante» porque todavía no se ha pedido la colaboración del departamento de Innovación, que gestiona Ciudadanos, y que es «esencial» para redactar «bien» los pliegos, teniendo en cuenta que uno de los tres incumplimientos esenciales detectados por el Consejo de Estado es el de la plataforma tecnológica, que en el nuevo contrato «debe funcionar con todas las garantías» y que, sin embargo, en el actual «no ha llegado a funcionar nunca» aún cuando este recurso «provocaba orgullo en la alcaldesa» cuando hablaba de la Smart City.

Por otra parte, en cuanto a los tiempos la resolución del contrato, el plazo es un mes, según Cs, puesto que la tramitación para enviar al Consejo de Estado la petición del dictamen era de tres meses y se han consumido dos; se ha paralizado el plazo y hora se reactiva por un mes.

Una vez se ha producido el dictamen, la concesionaria tendrá un plazo para recurrir la resolución en vía contencioso-administrativa.

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