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Todo el proceso estaba provisionalmente paralizado. Hace justo un año, el Ayuntamiento de Santander anunció su firme intención de resolver el contrato de basuras y expulsar a la empresa Ascán-Geaser por los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones. Dijo entonces que el asunto estaría ... resuelto en tres meses, pero se ha alargado un poco más. Durante este tiempo, el procedimiento administrativo ha estado en 'stand by' a la espera de un paso imprescindible: el aval del Consejo de Estado. El Consistorio lo pidió a finales de 2020, pero fuera de plazo. Tenía 90 días desde que la Junta de Gobierno aprobó el acuerdo, esperó casi al final para enviar la documentación y entró en el órgano consultivo fuera de tiempo. Por eso tuvo que empezar desde el principio y el sábado, por fin, recibió el visto bueno definitivo.
«Hemos trabajado con diligencia, con transparencia y con toda la firmeza legal y lo vamos a seguir haciendo hasta conseguir que Santander alcance los máximos estándares de calidad en limpieza, tal y como ha sido nuestro objetivo desde el minuto uno de todo este proceso», señaló ayer la alcaldesa de la capital, Gema Igual. Y confirmó que a partir de ahora se pone en marcha toda la maquinaria para resolver el contrato, firmado en 2003 por valor de 17,5 millones de euros anuales y prorrogado por una década en 2013. Es decir, que todo apunta que se extinguirá dos años antes de lo previsto.
Gema Igual - Alcaldesa de Santander
Esa es la intención del Ayuntamiento. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, recuerda que todos los expedientes de resolución de contratos caducan a los tres meses, por lo que antes de Navidad tendría que estar el asunto solucionado. Los técnicos municipales estudian ahora cómo cumplir con los pasos que determina el Consejo de Estado que, por otro lado, son los mismos que ya contemplaba el Consistorio. Son cuatro: resolver el contrato por causa imputable al contratista (como confirma el órgano consultivo nacional), retener la garantía que depositó Ascán-Geaser, calcular los daños y perjuicios y proceder a la liquidación. Una liquidación que será positiva o negativa dependiendo de si esos daños y perjuicios superan o no los casi 8 millones de euros que la contrata depositó al hacerse con la adjudicación.
Todo eso tiene que estar hecho antes de enero. Mientras, de forma paralela, se está redactando el pliego del nuevo contrato para adjudicarlo a una nueva empresa. Pero puede haber dos nuevas piedras en el camino. Una, atribuida al Ayuntamiento, es que las dificultades técnicas y jurídicas no permitan tener la documentación y los cálculos de la reclamación a Ascán en esos tres meses y que, por tanto, haya que volver a iniciar de cero el expediente de resolución de contrato. La otra es que la empresa recurra la decisión del Ayuntamiento en los tribunales. Algo más que probable teniendo en cuenta el daño económico que supondría para la adjudicataria dejar el servicio por la puerta de atrás. En ese supuesto, el juez podría decidir paralizar cautelarmente la resolución del contrato de basuras. Entonces el calendario sería imprevisible.
«Contra la resolución del contrato ya no hay más vías que la del juzgado», apunta el portavoz de Ciudadanos y miembro del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, quien recuerda que las deficiencias en la prestación del servicio eran «palmarias» ya desde 2015 y que los problemas de suciedad de la ciudad podrían estar resueltos hace mucho tiempo «si entonces el PP hubiera iniciado ya el procedimiento, antes de que nosotros lo forzáramos».
Javier Ceruti - Portavoz de Ciudadanos
En esa misma línea se pronuncia el PSOE. «Los incumplimientos del contrato estaban claros desde el principio, lo que quieren saber los santanderinos es por qué el PP no ha hecho nada todos estos años. A los vecinos nos ha salido más caro y el servicio cada día ha ido a peor», apunta el portavoz socialista, Daniel Fernández, que recuerda que Igual inició este procedimiento el día después de las últimas elecciones e insiste en la necesidad de llevar a cabo una Comisión de Investigación «para hacer todas las preguntas y tener todas las respuestas», algo a lo que el PP se niega.
Desde el PRC no entienden la alegría de la regidora por el hecho de que el Consejo de Estado apoye la postura del Ayuntamiento. «El drama es que los mecanismos de evaluación no se han producido para poner en marcha medidas correctoras con anterioridad a pesar de que los informes de Intervención ponían de manifiesto todas esas anomalías» apunta José María Fuentes-Pila (PRC), que lamenta que el PP ha retrasado cualquier decisión al respecto hasta que el asunto «ha explotado en sus manos», muestra de la «falta de diligencia» de la alcaldesa.
El dictamen del Consejo de Estado en el que avala la decisión del Ayuntamiento de Santander de resolver el contrato de basuras se basa no sólo en la documentación aportada por el Consistorio, también en que todas las sanciones que se han puesto contra la empresa Ascán-Geaser tienen el respaldo de los tribunales.
Ya en los años 2014 y 2015 se impusieron las primeras penalizaciones, que la concesionaria recurrió. En todos los casos fueron confirmadas por los tribunales. Además, desde el año 2018, se han tramitado otros 21 expedientes de penalización como resultado de los informes que ha ido emitiendo la empresa de control. La concejala del área, Margarita Rojo, recuerda que la Justicia siempre ha dado la razón al Ayuntamiento, aunque en algunos casos -aún reconociendo las deficiencias en la prestación del servicio- ha reducido la cuantía de la multa por considerar que el nivel de gravedad del incumplimiento era otro.
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