La agrupación (que cuenta con 530 asociados) presentó la solicitud de apoyo el 28 de febrero de 2018, cuando el plazo terminaba el 14 de marzo. Para pedir este tipo de respaldo económico se precisan siempre tres documentos: uno que certifica que se continúa en el registro de asociaciones, otros con la justificación de la última subvención recibida y, por fin, la solicitud de la ayuda para el año concreto.
Según aseguró el presidente del colectivo vecinal, Santiago Sierra, éste aportó todos los papeles pero, para justificar las subvenciones de 2017, entregó fotocopias. El servicio de Participación Ciudadana de Santander demandó los documentos originales, que se entregaron dos días después sin que ni siquiera el Ayuntamiento lo hubiera requerido, «cuando el procedimiento administrativo establece que debe haber un requerimiento».
A la asociación de Cueto no se le requirió subsanar el error, como a otras. Se la dejó automáticamente sin ayuda económica
Pese a la «diligencia» de Cueto en reparar su error, la asociación se quedó «automáticamente» fuera del reparto de ayudas, algo que la jueza ha recriminado al Consistorio al redactar su sentencia ya que cuestiona que el Ayuntamiento sí requiriera documentación adicional a otras asociaciones, y no a ésta, con la que actuó de forma distinta.
Sierra ha lamentado públicamente que la Administración local «no facilite el trabajo de colectivos que trabajan de forma altruista por el bien general». En Cueto, esta organización celebra «un buen número de conferencias sobre cuestiones de actualidad a lo largo del año, colabora con colectivos incluso económicamente -Club Atlético España de Cueto, Asociación Pájaros Silvestres, Centro Social Bellavista, Coro Santa María de Cueto o el colegio Vital Alsar- y también programa actividades culturales como talleres infantiles, cuentacuentos, teatro, espacios de música, club de lectura y visitas a museos, «además de hacer de correa de transmisión de los vecinos» con las Administraciones.
Tras el fallo judicial, Sierra también ha pedido «una transparencia más real». A sus ojos, que tenga que haber vecinos demandando constantemente a las Administraciones «no es el mejor ejemplo». Entre los casos en los que colectivos vecinales han estado frente a la Administración enumera la senda costera, la revisión catastral, el MetroTUS, la ley de espectáculos y los vertederos ilegales. «Es muy injusto para colectivos como éste tener que agotar todas las vías administrativas y judiciales para hacerse oír, malgastando energías, tiempo y los escasos recursos» con que se cuenta, lamentó.
«Procedimiento erróneo»
El abogado que defendió a la asociación ante los tribunales señaló a este periódico que el procedimiento de trámite de las subvenciones del Ayuntamiento de Santander «no se ajusta a las leyes de subvenciones ni estatal ni autonómica». Miguel Cotera indicó que existe un problema de fondo porque el Consistorio «no revoca las ayudas. Encontramos a tres asociaciones que no habían justificado las facturas y cuya subvención no se había revocado. Lo único que hace el Ayuntamiento con quien no justifica es no apoyarlas al año siguiente . Y eso que no justificar es una infracción grave», que conlleva una multa del doble de la cantidad recibida.
«Lo más llamativo de la sentencia es que la jueza no se explica que a unas asociaciones se las requiera para que aportar documentación y a Cueto no. Las bases no se pueden interpretar como uno quiere», remachó el abogado.
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