Los conductores del TUS dicen que no saben cómo actuar en casos como el de la motosilla de Lola

«Desconocemos si el vehículo está homologado, si lleva anclajes, si es seguro o si podría dañar a otro pasajero y, después, la responsabilidad recaería sobre el conductor. Tampoco tenemos formación de cómo proceder en caso de evacuación», explicó José Luis Álvarez, presidente del comité de empresa.

El sindicato exige al Ayuntamiento «la elaboración, publicación y exposición pública de una ordenanza municipal que regule el transporte de vehículos adaptados y los derechos y deberes tanto de los trabajadores como de los usuarios del servicio». Álvarez explicó a este periódico que lo están reclamando desde hace ocho años, por lo que «no es justo que se haya criminalizado a los conductores ante lo que es una dejadez política» y consideró que «es bochornoso que todo el peso social recaiga sobre nosotros».

UGT precisó que al no tener la ordenanza correspondiente, «los conductores desconocen qué vehículos adaptados están o no homologados para acceder a los autobuses y otra serie de factores que pueden influir en la seguridad de todos los viajeros». «Los conductores del SMTU somos responsables de la seguridad de los viajeros», matizó el sindicato, que coincide con la denuncia de la usuaria en «el mal funcionamiento de las rampas de acceso habilitadas para estos vehículos adaptados».

El concejal de Movilidad Sostenible, responsable del TUS, César Díaz, explicó ayer a este periódico que la moto adaptada es «a todos los efectos prácticos una silla de ruedas» y que «nada justifica que un conductor prohiba el acceso de este dispositivo». También señaló que los conductores disponen de un libro de 'Instrucciones y órdenes del servicio para el puesto de conductor', que especifica que hay que tener un trato paciente con las personas que tengan alguna limitación o movilidad reducida. «Hay que atenderles con especial paciencia», dijo Díaz; «del texto no se desprende que este dispositivo no pueda subir y no es justo que el sindicato se ampare en reclamar una ordenanza para justificarlo, ya que debe primar el buen trato, por humanidad», añadió.