Costas sanciona al Ayuntamiento por mover arena en la Segunda para «garantizar la seguridad»

Ahora, la Demarcación de Costas ha sancionado al Ayuntamiento por una redistribución de la arena, de 220 metros cúbicos, en la segunda playa de El Sardinero, realizada para «garantizar la seguridad de los usuarios ante la preocupante situación del arenal en esa zona y tras la falta de respuesta de la institución ante las reiteradas solicitudes de autorización», según las explicaciones dadas por los responsables municipales.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, estalló ayer contra el Ministerio y calificó de «indignante, vergonzoso y lamentable el trato que están recibiendo los santanderinos por parte de Costas y de Transición Ecológica, ya que no solamente no se preocupan del estado de las playas, sino que ignoran al Ayuntamiento cuando se les pide autorización y le ponen una multa cuando intenta mejorar el arenal».

La edil, que recordó que la Demarcación de Costas depende de la Delegación del Gobierno, dirigida hoy por la exconcejal socialista en Santander Ainoa Quiñones, «supera todos los límites de desprecio y dejadez. Las playas de Santander parecen no importar a nadie salvo al Ayuntamiento, pero es que ya no se trata únicamente del lamentable estado en que se encuentran, sino del peligro que puede suponer para los santanderinos y visitantes», lamentó.

Rojo apuntó, además, que es «especialmente sangrante» que el secretario general del PSOE, ex concejal de Santander y diputado en el Congreso por Cantabria, Pedro Casares, asegurara públicamente el pasado día 8 que el Gobierno de España «no se niega» a los movimientos de arena.

La edil contrapuso la «responsabilidad y el compromiso» del Ayuntamiento, «que se ha encargado en un tiempo récord de contratar los medios humanos y tecnológicos para controlar los aforos en las playas e informar a los ciudadanos en tiempo real de su ocupación» con la «desidia» del Gobierno central «conociendo además que, como consecuencia de la falta de arena, se reduce el espacio disponible en los arenales».

«Costas, y, por ende, la Delegación del Gobierno, desprecian a los santanderinos con esta actitud de dejadez absoluta, y además penalizan al Ayuntamiento obligándole a afrontar gastos que no le corresponden e imponiéndoles multas cuando intentamos redistribuir un poco de arena para evitar riesgos a los ciudadanos», concluyó.