El Defensor del Pueblo, sobre las concertinas: «Son un instrumento de criminalización»

Este organismo también incluye en su informe una mención a la resolución de Naciones Unidas del 19 de diciembre de 2017, que insta a que los estados traten a los migrantes con respeto a los Derechos Humanos, «incluso en puertos, aeropuertos y fronteras». Igualmente considera que cuando el Puerto argumenta que las concertinas se instalan para frenar intrusiones que pueden tener un propósito migratorio «o cualquier otro», ello «supone un instrumento de criminalización» al «compararse el hecho migratorio a cualquier otro fenómeno de asalto al Puerto de Santander».

Respecto a los argumentos de la Autoridad Portuaria, que afirmó que no se aplica a sus instalaciones la normativa regional del Decreto 65/2010 que prohibe los cierres construidos con elementos susceptibles de producir daños, el Defensor señala que aunque no se aplique por razones competenciales, «dicho texto adquiere por sí mismo un valor axiológico con un mayor alcance desde el punto de vista ético en el ámbito de la protección de los derechos humanos que no puede resultar indiferente».

Para Pasaje Seguro, tras «el claro pronunciamiento» del Defensor del Pueblo, es necesario que el Puerto retire todas las concertinas que actualmente quedan en sus instalaciones.

La colocación de las concertinas ha provocado más de un enfrentamiento entre partidos políticos y también reproches por parte de asociaciones. Los socios del Gobierno de Cantabria, PRC y PSOE, tuvieron un encontronazo en febrero porque los primeros defendían su colocación hasta que se encontrase otra alternativa y los socialistas pedían su inmediata retirada. Entre los más críticos está el grupo de Santander de Amnistía Internacional, que envió una carta al presidente del Puerto, Francisco Martín, para recriminarle que «la instalación de cuchillos (pues en eso consisten las concertinas) tiene consecuencias muy graves, irreversibles y permanentes para las personas y no son, por tanto, ni proporcionadas ni respetuosas con los derechos más elementales (la vida y la integridad física)». También las Juventudes Socialistas de Santander han mostrado su rechazo en más de una ocasión.

Una pequeña victoria para los detractores fue que, aunque el Puerto tenía previsto instalar más concertinas, el último concurso público que se resolvió en abril quedó desierto, por lo que aún se desconoce si se instalarán más o se recurrirá a otro tipo de soluciones para evitar los accesos a los terrenos portuarios. En concreto, hubo una empresa que sí optó al contrato de 220.000 euros pero que decidió retirar su oferta tras el anuncio del Puerto de dejar en espera el proceso por el revuelo político y social generado.