Desahucian a una familia de Santander cuyo desalojo se paralizó hace un mes

Así lo relatan desde la plataforma Stop Desahucios, quienes frenaron el mes pasado el lanzamiento programado para esta familia. «Ni la comisión judicial ni el jefe del dispositivo policial han querido entregar copia del acta del desalojo o desahucio, cuando es algo preceptivo. Tampoco han entregado ninguna copia de la orden judicial de lanzamiento a la familia», lamenta el portavoz, Roberto Mazorra.

El único documento que le ha llegado a la abogada de la familia, explican desde la plataforma, es una providencia de fecha 25 de junio en donde se oficiaba al Ayuntamiento de Santander y a Gesvicán para que ofrecieran una vivienda a la familia en el plazo de siete días. Y que una vez trascurrido dicho plazo, se procedería a ejecutar el desalojo sin comunicar ni el día de la hora. Después de esto, se han remitido varios escritos por parte de Gesvicán y de la dirección general de Vivienda al juzgado.

El problema, según Mazorra, es que «no concretaban nada y se escaqueaban del asunto, aunque informaron a la plataforma de que estaban concretando la alternativa habitacional para la familia». Mazorra es claro: «Todo lo que ha pasado es una auténtica vergüenza desde cualquier punto de vista. Por no hablar de la presencia de dos menores de seis y siete años. La madre ha sufrido un ataque de ansiedad». Por todos estos motivos, la plataforma y la familia presentarán denuncia por allanamiento, prevaricación y abuso de autoridad.

Varias horas después del desalojo, Vivienda llamó a Lidia para comunicarle la resolución en la que se le concedía a la familia una vivienda de alquiler social en Beranga. «El comportamiento ha sido muy poco serio, esperando hasta el último momento para emitir la resolución. No es una casualidad que haya sido el mismo día en que se ha ejecutado el desahucio».

La trabajadora social que trasladó la resolución a Lidia le aseguró que no había viviendas sociales en Santander. «Lidia malvive de una renta social básica, tendría que cambiar de colegio a sus hijos y no tiene medios para desplazarse diariamente a Santander, donde tiene su vida», apunta Mazorra.