Una de las dos ladronas que atemoriza a los comerciantes de Santander está en prisión

«A mí me han robado este mes, una de ellas está en la calle porque ayer mismo la vi. Entran y salen de la cárcel con facilidad y mientras, siguen entrando en nuestros establecimientos a llevarse lo primero que cogen de las estanterías más cercanas a la puerta. Ahora tengo que trancar cada vez que necesito ir al servicio. No podemos estar así», insiste Andrea Posada, una de las comerciantes afectadas. Precisamente la raíz del problema reside ahí, en la reincidencia de estas dos mujeres jóvenes, de entre 30 y 40 años, a las que no solo tienen caladas los propietarios de los negocios del centro, también agentes de la Policía Local, de la Nacional, jueces y hasta taxistas: «Son muy conocidas, siempre están liándola, se las ve corriendo por las calles, como huyendo, y suelen rondar por San Celedonio, San Simón y también se las ve mucho por una casa que hay en Vista Alegre».

Según fuentes policiales, la mujer que está en prisión es «una descuidera (que roba aprovechando descuidos) cuyo fin es comprar droga» y vive de okupa en el barrio santanderino de Prado San Roque.

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Lo que busca la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo con su denuncia de ayer a través de este periódico es poder trabajar sin miedo, atender a sus clientes sin que les desvalijen los escaparates. «Nos hacen estar alerta, nerviosos y con inseguridad porque se encaran», explican. Los empresarios piden, además de mayor vigilancia en la zona, que se cambie el código penal, algo que desde el punto de vista legal ni es sencillo ni «conveniente». Para el abogado cántabro Antonio Bezanilla la cárcel «debe estar reservada para las penas más duras. La prisión es una universidad de delincuentes, está lo peor de cada casa, y si te meten allí por robar una crema de Mercadona vas a conocer a asesinos, a violadores... salen a la calle como profesionales del delito con muchos contactos».

Según los comerciantes, la pareja de delincuentes conoce todos los vericuetos de la ley y saben hasta dónde pueden robar, siempre por debajo de los 400 euros para que quede en un hurto leve y sin emplear la violencia o escalamientos (rotura de ventanas, puertas...) porque entonces la pena sería mayor. Entonces, ¿qué solución se puede dar a un caso como este? Bezanilla, que entiende la molestia del grupo de empresarios y es conocedor del áspero debate que se genera cada vez que se dan hechos como estos, explica que una medida para implementar la seguridad en la zona podría ser tenerlas controladas mediante una pulsera de localización GPS, como las que se emplean para alejar a agresores de sus víctimas en casos de violencia de género. «Se les prohibiría acudir a determinados sitios, como la zona comercial o grandes superficies, y de este modo no se vulneararía ningún derecho», apunta.