Gema Igual, sobre las calles franquistas: «Voy a cumplir la ley, pero también es mi deber no incomodar a los santanderinos»

Quedan 16 calles por modificar: Alcázar de Toledo; Alto de los Leones; Alféreces Provisionales; Belchite; Brunete; Camilo Alonso Vega; Capitán Cortés; Carlos Haya; García Morato; General Díez de Villegas; General Dávila; General Moscardó; Montejurra; Ruiz de Alda; Sargentos Provisionales; y Zancajo Osorio. Desde 2015, cuando se aprobó por primera vez en el Pleno la modificación de las denominaciones, se han cambiado dos: División Azul, que pasó a ser La Secada; y Columna Sagardía, que pasó a ser Las Rederas. En este tiempo, también se han retirado los monumentos a las legiones italianas (Plaza de Italia) y a los caídos de la IV División de Navarra (Paseo de Reina Victoria). Anteriormente, se retiraron la estatua de Franco, el monumento a Matías Montero y el cañón del almirante Cervera.

Como explica Igual, los cambios se han ido realizando de forma «natural», aprovechando obras o intervenciones en las calles que deben cambiar su nombre, para que la modificación no sea «traumática» y genere molestias a los vecinos. «Me parece una faena tener que hacer cambiar ahora a todos los vecinos, a los decenas de miles de vecinos, el DNI y el empadronamiento, o la documentación oficial, o los recibos de la luz, del agua, o el seguro del coche o de la casa, o incluso las escrituras». También considera que llevar a cabo estos cambios afectará a las empresas radicadas en estas calles: «Tendrán que cambiar las tarjetas de visita, las placas o toda la papelería que tengan, me parece que eso es incomodar». Respecto al hecho de llevar a cabo las modificaciones, opina que «conocer la historia es no ocultar ni borrar a nadie, sino conocer y saber la verdad para luego tener una opinión».

La regidora insiste en que cumplirá la ley «porque mi compromiso como alcaldesa es cumplir la ley y hasta ahora ni he estado en rebeldía ni lo he hecho de manera intencionada». Aún así, apunta que en Madrid se cambiaron varias calles por la ley de memoria histórica (Millán-Astray, Hermanos García Noblejas y Caídos de la División Azul) «y después, por sentencia, se volvieron a poner esas placas y nombres». Por esa razón, para que no ocurra lo mismo que en la capital de España, Igual apunta que «leeremos bien» el documento de la Fiscalía «para marcar esa hoja de ruta y saber exactamente causas, consecuencias y qué es lo que tenemos que hacer en este mes».

Pero, ¿qué opinan los vecinos de que se cambie el nombre de sus calles? El presidente de la Fecav, Ricardo Sáinz, no disimula al reconocer que «me alegro la tira» de que el fiscal haya exigido actuar ya a la alcaldesa. «Llevamos diez años pidiéndolo y tenemos propuestas. Para Camilo Alonso Vega propusimos al alcalde de Santander y presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, y para General Dávila, 8M». Por su parte, Francisco Gutiérrez, miembro de la asociación de vecinos de San Francisco (de General Dávila) apunta que «ya que se está renovando la calle, que se cambie el nombre (proponen El Alta). Creo que la mayoría de vecinos lo vamos a agradecer. Las leyes están para cumplirlas, igual que las cumplimos los ciudadanos, las tiene que cumplir la alcaldesa».

Desde las asociaciones memorialistas –quienes pidieron al fiscal que tomase medidas ante el incumplimiento de la ley de memoria histórica– celebran el requerimiento y el plazo de 30 días para ejecutar cambios. Roberto Ruisánchez, de Desmemoriados, recuerda que «ha pasado casi una década de los acuerdos plenarios aprobados para eliminar calles con nombres franquistas y están sin ejecutar o sin hacerlo plenamente». Desde Héroes por la República, Jorge Suárez considera que el hecho de que muchos cambios aún no se hayan producido «es un problema de voluntad y un problema político porque algunos son dignos herederos de sus antepasados, que lucharon en un bando muy determinado».

También ha habido reacciones desde la oposición. A las palabras de la alcaldesa, el socialista Pedro Casares ha expuesto en sus redes que «en Alemania, estas declaraciones serían delito. Es vergonzoso que la Fiscalía tenga que poner un plazo para cumplir la ley». Daniel Fernández (PSOE) y Keruin Martínez (IU) ya celebraron el lunes la exigencia del fiscal y Laura Velasco (Vox) asegura que su grupo «va a seguir luchando» y que por eso han impulsado en el Parlamento, junto al PP, la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Cantabria.