El Gobierno construirá 250 viviendas de alquiler asequible en una finca en desuso de El Campón

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo central a través del Plan de Recuperación, está pensado especialmente para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y se enmarca dentro de un programa para la creación de edificios eficientes desde el punto de vista energético. Se desarrollará mediante un modelo de colaboración público-privada y las llaves se entregarán antes de 2026, la fecha límite establecida para la ejecución de los fondos de la UE.

Aunque el calendario de los hitos intermedios aún es difuso y falta por redactarse el proyecto constructivo definitivo –la cifra de 250 apartamentos podría ser algo superior y también hay que detallar su distribución y diseño–, la Dirección General de Vivienda ya ha iniciado los primeros pasos administrativos para agilizar todo lo posible el proceso. En concreto, está elaborando el documento –se lo ha encargado al estudio Cero Arquitectura– para tramitar ante el Ayuntamiento de Santander una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de los suelos. Que dejen de ser industriales y se puedan urbanizar, como ya figuraba en el PGOU de la ciudad que quedó suspendido en los tribunales.

«Hay muchísima ilusión y un fuerte compromiso con sacar adelante este proyecto. Santander lo necesita y hemos puesto todo de nuestra parte. Seguramente sea uno de los mayores proyectos de la legislatura, en el que llevamos tiempo trabajando», asegura la consejera, la socialista Eugenia Gómez de Diego.

No es la primera vez que el Gobierno cántabro utiliza el sistema de colaboración público-privado para construir viviendas protegidas, pero en esta ocasión el modelo es un tanto diferente. Lo que hará la Consejería es poner en marcha un concurso público al que pueden presentarse todos aquellos operadores que lo deseen. Estas empresas serán no solo las que construyan los edificios, sino también las que se encargarán de gestionar las viviendas durante 50 años. Transcurrido este tiempo, la titularidad de los apartamentos volverá al Ejecutivo regional, que las incorporará a su parque público. Se evitarán así conflictos como el que afecta a los vecinos de una promoción de VPO en Primero de Mayo, que tras diez años de alquiler social ahora tienen que elegir entre cambiar de casa o comprar la vivienda al promotor privado a un precio desorbitado.

Según Vivienda, la fórmula elegida, además de tener ventajas competitivas, es la única posible, ya que la Administración regional no tiene recursos humanos suficientes para gestionar los alquileres. Por otra parte, una compañía especializada tiene más posibilidades para sacar adelante la burocracia y gestionar los seguros de impagos asociados. Eso sí, quien se haga con la concesión tendrá que ajustarse a los precios públicos de alquiler que fije el Gobierno de Cantabria. Vivienda no da cifras exactas hasta que no se defina el tamaño de los pisos, pero sí confirma que «serán asequibles» para permitir el acceso a jóvenes y familias vulnerables.

El proyecto es importante por sus dimensiones, pero también por su carácter innovador. El entorno se urbanizará potenciando el uso de los espacios públicos por el peatón –los coches estarán fuera– y con una relación de espacios que fomenten el carácter amable y cercano de este nuevo barrio de la ciudad. Se prevé la posibilidad de integrar, además, usos mixtos con la presencia de bajos comerciales en uno de los edificios del conjunto, así como la existencia de una primera planta de este mismo edificio destinada a posibles espacios para el trabajo colaborativo o de oficinas de profesionales que dispongan así de su propio lugar de trabajo en el nuevo entorno. De ahí que esté pensado para jóvenes o familias.

¿Por qué se ha elegido para este proyecto esta parcela y no otra? La directora general de Vivienda, Alicia García, explica que este terreno era uno de los pocos con dimensiones suficientes que tiene en propiedad el Gobierno de Cantabria en Santander para acometer una actuación de este tipo. Pero es que, además, la «demanda real» de viviendas de alquiler se concentra en la capital y en la zona de la bahía. Una parcela que también está bien conectada con los servicios de transporte público (Cercanías y autobús urbano) y que llevaba décadas en desuso, por lo que estaba generando un coste para las arcas públicas por la obligación de mantenerla limpia que establece las ordenanzas de sanidad municipal.

Esta actuación está dentro del programa 6 (dedicado a la construcción de viviendas sociales eficientes) del Plan de Recuperación que traerá a Cantabria trece millones de euros. El dinero no se destinará al completo al proyecto de El Campón. También se trabaja ya en ocho viviendas en Santillana del Mar –el trámite va más avanzado en un suelo cedido por el Ayuntamiento– y se estudia extenderlo a otros municipios.