El Gobierno de Rajoy denegó a Santander la cesión del Palacete de Cortiguera para su museo

Interior, que es el propietario desde que en 1999 se lo cedió Patrimonio del Estado para construir la comisaría de la Policía Nacional que está pegada al edificio, justificó su decisión debido al especial «régimen de gestión al que está sujeto». Se rige por la normativa especial aplicable a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Seguridad del Estado (Giese) que no permite la enajenación onerosa. Es decir, que si Santander lo quiere tendrá que pagar el cerca de millón de euros en el que se tasó en 2015 o intercambiarlo por otra instalación. Pero hasta que ese momento llegue «no se podrá hacer la actuación anunciada», según reconoce el delegado de Fomento, Benjamín Piña, a preguntas de este periódico, quien no se atrevió a aventurar la suerte que correrá el palacete.

La negativa de Interior, que se respalda en otro escrito del Ministerio de Hacienda, no frenó sin embargo al Ayuntamiento de Santander y al Ministerio de Fomento a convocar un concurso de ideas para rehabilitar el edificio, que se ha fallado recientemente y contemplaba una reforma integral. Meses antes, en enero, ambas administraciones anunciaron un pacto de cesión de uso que no se ha materializado y sobre el que, según fuentes de Fomento, «no tenían potestad al no ser ninguna de los dos departamentos su titular». Es decir, que actualmente todo el proyecto de reforma está en el aire.

La única certeza que ahora mismo manejan en Fomento es que disponen de una partida presupuestada que roza el millón de euros para la rehabilitación del edificio y que se usará para tal fin, puesto que parte de sus instalaciones están deterioradas aunque los materiales de gran calidad con que fue construido en el año 1888 por el arquitecto Atilano Rodríguez han permitido que las habitaciones superiores se encuentren en bastante buen estado. El gran mirador de la fachada fue sustituido por uno idéntico al original en noviembre del año 2011 con una inversión del Estado de 120.000 euros, lo que permitió que el deterioro del edificio no siguiera avanzando.

El inmueble tiene una superficie construida aproximada de 637 metros cuadrados. El solar sobre el que está construido el palacete es de una extensión aproximada de 527 metros cuadrados, pendiente de segregar de la finca matriz, la cual tiene una superficie de 1.114,82 metros, según consta en el Registro de la Propiedad. Porque en la otra mitad de la finca se construyó hace más de una década una comisaría de policía.

Fue el propio De la Serna siendo alcalde quien, en el año 2010, pidió a través de la Delegación del Gobierno que «el palacete pueda recuperar su protagonismo, por el valor especial que tiene, puesto que no existe otro en la ciudad con semejantes características arquitectónicas».

De la Serna abogó entonces por «alcanzar un acuerdo lo antes posible con el Estado que posibilite» la recuperación del inmueble y «el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la ciudad», pues pertenece a «un periodo histórico muy concreto de Santander, del que apenas tenemos vestigios», dijo.

En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, el palacete figura entre los quince edificios con protección integral, la máxima prevista. En él pueden realizarse trabajos de restauración, conservación y consolidación y estricta reconstrucción de elementos que estén desaparecidos total o parcialmente. Además, las obras de acondicionamiento estarán limitadas a elementos que no sean significativos. El alto nivel de protección del edificio le viene dado por su interés artístico e histórico y, ante su estado, el Ayuntamiento incluso amenazó con sanciones al Ministerio por falta de mantenimiento.

El Ayuntamiento pidió en tres ocasiones, en los años 2010 y 2011, al Ministerio de Fomento la restauración del inmueble y, la única respuesta que obtuvo (como explicó en su momento un portavoz del equipo de gobierno) es que el Estado estaba dispuesto a vendérselo al municipio en 1,5 millones de euros. Hasta el pleno de Santander, por unanimidad, en enero de 2011, pidió a Fomento por escrito la recuperación del edificio para «enriquecer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad». Y ya entonces el concejal de Infraestructuras, César Díaz, alertaba del mal estado del inmueble: «Es apremiante su rehabilitación y recuperación, para evitar que los elementos constructivos y decorativos deteriorados (como vidrieras, zócalos de caoba o azulejos) puedan ser irrecuperables».

El Ayuntamiento incoó expediente de disciplina urbanística en octubre de 2011 al Ministerio ante el estado de abandono del edificio y fue entonces cuando el Gobierno de la nación reparó los elementos dañados por valor de 134.507 euros. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto Abilio García-Barón y se realizaron intervenciones de cara al futuro, como doble acristalamiento en el nuevo mirador, realizado en madera de teca.

El proyecto anunciado por Fomento recogía una reforma integral de todas las plantas, que conllevaría a hacer una reforma en su nivel de protección a través de una modificación del Plan General porque el plan contempla instalar un ascensor y ampliar la planta baja. Sin embargo, el portazo que le dio su propio Gobierno, a pesar de ser una iniciativa impulsada por De la Serna, puede frenar en seco las expectativas municipales si no compran el edificio o negocian un intercambio -lo que de momento no ha ocurrido-.

A día de hoy, el concurso con jurado solo garantiza la redacción del proyecto al arquitecto, que le da un plazo de seis meses, pero no su construcción. Entre las posibilidades que maneja el Gobierno central está darle un uso administrativo, dado que tiene varias dependencias repartidas por la capital en sedes de alquiler.