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Para explicar una posible causa de lo sucedido, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ponía un ejemplo. Un lapiz sosteniendo un libro que cae derrumbado quedando el lapiz de pie, en vertical y sin aparentes daños. «Un punzamiento». Una hipótesis de ... lo sucedido en Nueva Montaña. «Con todas las cautelas», Gochicoa hacía referencia al terreno sobre el aparcamiento, humedecido ademas por las lluvias de estos últimos tiempos. «La sobrecarga de esa tierra sobre la placa del aparcamiento podría haber orginado ese punzamiento». Lo decía porque, a simple vista tras el derrumbe, los pilares se mantenían en pie. En vertical, como el lapiz. «La placa ha cedido, pero los pilares aparentemente están bien. Por eso no apunta a un problema de cimentación». Era –y así insistía el consejero en definirlo– una primera explicación, a expensas de informes técnicos y de las investigaciones que se desarrollarán a partir de ahora. Una tarea en la que no faltará la cronología y el contexto de las construcciones de la zona. También las denuncias de los vecinos por las filtraciones de agua que sufrían junto a sus vehículos desde hace tiempo y que el Gobierno insiste que, en todo caso, nunca se han vinculado con daños en la estructura. Un auto judicial de mayo de 2019 homologaba el acuerdo al que habían llegado los residentes con la empresa pública Gesvicán, por la que esta asumía las reparaciones necesarias. El 30 de diciembre, hace sólo tres semanas, se adjudicó una tarea que no ha llegado a iniciarse.
En el enorme agujero sobresalen los pilares. Como si hubieran pinchado lo que tenían encima. La superficie queda encuadrada por los portales de los edificios que rodean la plaza. De un lado, 1B, 1C y 1D. Del otro, 3A, 3B y 3C. Calle Luciano Malumbres (aunque se tienda a ubicarles en la cercana Tomás y Valiente, más grande y más visible). En esos portales aún son visibles las placas del Gobierno de Cantabria que señalan a Gesvicán (Gestión de Viviendas e Infraestructuras de Cantabria) como promotor de la obra, de la que se encargaron las constructoras Dragados y Ascán. Viviendas de protección oficial. Ellos hicieron los edificios y también el aparcamiento. «Se entregaron en el año 2006, por lo que la construcción debió ejecutarse en 2004 y 2005», explicaba Gochicoa a este periódico. Según su relato, Gesvicán se responsabilizaba de la estructura y de la impermeabilización de la lámina. Por su parte, en el Ayuntamiento se ocupaban del parque que iba sobre esa zona.
En efecto, el Consistorio adjudicó en octubre de 2006 la construcción de tres parques en la ciudad. Uno en la confluencia de Camilo Alonso Vega con Los Castros, otro tras el Centro Cívico María Cristina y un tercero –este– entre Luciano Malumbres y Francisco Tomás y Valiente. Los trabajos, según se publicó en su momento, se encargaron a Contratas Piñera por 130.000 euros. Sin embargo, en este punto hay un dato que puede ser importante. Desde Gesvicán separaban, por un lado, lo relativo a las viviendas y el aparcamiento (bajo su responsabilidad) y, por otro, lo concerniente al parque (municipal). Fuentes municipales reconocen que ellos se encargaron de acondicionar una parcela que en su momento fue cedida gratuitamente por el Gobierno de Cantabria, pero que su tarea se dedicó sólo a la superficie del terreno. A colocar distintos elementos sobre una campa ubicada encima del aparcamiento que les fue entregada ya con el relleno hecho y que ellos no tocaron ese relleno.
:: a. machín
santander La reunión que ayer tenía prevista la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria estuvo marcada por el derrumbe, que se coló a la carrera en el orden del día. Los expertos consensuaron una especie de hoja de ruta con los pasos que deberían darse ahora para esclarecer lo sucedido. Eso sí, dejan claro que antes de «dos o tres meses» será difícil «emitir un diagnóstico». «Y eso –según el decano, Ezequiel San Emeterio– si las cosas están claras».
«Hay mucha documentación que revisar y muchos ensayos por hacer a partir de ahora». El primer paso, según San Emeterio, debe ser «coger los proyectos y ver las sobrecargas que se han tenido en cuenta para calcular la resistencia de los materiales» (algo en lo que ya estaban ayer los técnicos). Lo siguiente, «ver si las cargas que efectivamente se colocaron se corresponden con las que se habían previsto en ese cálculo original». Teniendo en cuenta, además, que en este caso está el proyecto de las viviendas y los aparcamientos, por un lado, y el del parque o la pista deportiva, por otro.
Una vez hecho eso, tocaría, si las cargas se corresponden con las previsiones, ver «qué otros factores han podido tener influencia en el colapso». En este sentido –y dadas además las denuncias de los vecinos sobre filtraciones–, se estudiaría, por ejemplo, si los volúmenes de agua acumulados podrían haber generado un peso adicional tan elevado como para superar el de la sobrecarga calculada en los proyectos. Y quedaría un último paso si aún así no dan con la causa. «El análisis de las diferentes fases de la obra para ver si se ha podido dar un error en la ejecución». Si todo se hizo correctamente durante los trabajos. El decano del Colegio asegura que con lo que hay «a la vista», los expertos consideran que esta posibilidad resulta «improbable».
En paralelo a ese proceso –que se remonta a 2006–, los vecinos reclamaron en numerosas ocasiones durante estos catorce años los problemas de humedades y filtraciones de agua que tenían en los garajes. «A veces hemos tenido que entrar con katiuskas», relataban ayer durante una jornada que no olvidarán. El asunto acabó en denuncia y en un juez dando por bueno el acuerdo al que llegaron las partes para que, finalmente, Gesvicán se hiciera cargo de las reparaciones. De hecho, los propios vecinos se quejaron el pasado verano cuando desde el Ayuntamiento se hicieron algunos arreglos en la pista deportiva junto al parque (sobre el aparcamiento, lo que más se ha derrumbado). El Consistorio hizo una tarea, básicamente, 'de pintura' (ni siquiera entraron máquinas en la zona, aseguran desde el Ayuntamiento), pero eso no solucionaba el gran quebradero de cabeza en el barrio.
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En ese contexto, habló el consejero. «Nos ponemos manos a la obra para atender a todo el mundo, no nos vamos a esconder y lo primero va a ser dar una solución a este problema desde el Gobierno», dijo Gochicoa. También Gema Igual, la alcaldesa de Santander, aunque desde el Ayuntamiento no entraron a valorar las posibles causas. «Hasta que los técnicos no digan nada no nos podemos pronunciar sobre las causas», aseguró a este periódico el concejal César Díaz.
De hecho, Gochicoa e Igual comparecieron juntos ante los vecinos en una reunión a última hora de la mañana. Para entonces, ya habían examinado los proyectos técnicos de las obras. Se explicó que el Gobierno de Cantabria ha encargado ya una valoración independiente o que la placa tendría, en principio, capacidad para soportar unos 2.000 kilos por metro cuadrado –sobre las posibles sobrecargas Gochicoa señalaba que «en teoría eso tendría que estar calculado para estos menesteres y es lo que vamos a comprobar»–. Las que optaron por no hacer valoraciones –este periódico les ofreció esa posibilidad– fueron las empresas constructoras. Ni Ascán (por los edificios y el aparcamiento), ni Contratas Piñera (por el parque).
Y más de uno recordó la historia de un barrio algo agitada en lo urbanístico en las últimas décadas. Entre 2000 y 2008 aquí se construyeron 1.772 viviendas (563 de protección oficial). Todo, después de la recalificación de suelo industrial a comienzos de los años noventa de 541.000 metros cuadrados de terrenos. Se vendieron para salvar las deudas de la antigua Nueva Montaña. Un «pelotazo catalán», según describía Ramón Carrancio (de la Federación de Asociaciones de Vecinos) en un reportaje publicado hace años en El Diario Montañés. En ese texto se hablaba, por ejemplo, de uno de los acontecimientos que marcó el destino del barrio: la inauguración de El Corte Inglés el 7 de mayo de 1999 (años más tarde llegaron también Bricomart o Conforama). Incluso, las propias viviendas protegidas que se levantaron estuvieron envueltas en un litigio judicial. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló en 2009 una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Santander en la zona donde el Gobierno regional había construido 470 viviendas. El Ayuntamiento recurrió la decisión.
El suceso
Ana del Castillo | violeta santiago
José María Gutiérrez
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